Amamantar

La senadora rionegrina Amanda Isidori presentó un proyecto de ley que apunta a promover, proteger y apoyar la lactancia materna y la alimentación adecuada de los lactantes y niños pequeños, de hasta 2 años.

La iniciativa intenta concentrar todos los esfuerzos que se hacen desde diversos espacios públicos y privados, fortaleciendo los compromisos y consensos adoptados por nuestro país en cuanto a la alimentación de los lactantes y los niños pequeños, procurando que forme parte activa e integrada de las políticas públicas de salud y desarrollo social y humano.

En tal sentido propone, en concordancia con la Estrategia Global establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef, la conformación de un espacio multisectorial para la definición de una estrategia de promoción, protección y apoyo a este tipo de alimentación.

La futura ley contempla además, que los programas sociales de apoyo alimentario tengan en cuenta las necesidades específicas de las mujeres embarazadas, las madres en período de amamantamiento y de los niños de las edades antes especificadas.

Tambien prevé la aplicación de sanciones a quienes incumplan el Código Internacional de Sucedáneos de Leche Materna, aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud y adoptado por nuestro país en el año 1997.

La lactancia natural es la única forma de proveer la alimentación ideal para el crecimiento y desarrollo saludable de niños y niñas, y es una práctica que disminuye sustancialmente la morbilidad y mortalidad infantil, al tiempo que influye positivamente en la salud de las madres.

Balance 2005

Financiamiento educativo

Con referencia a la cuestión educativa uno de los principales temas abordados durante 2005, dentro del Presupuesto Nacional 2006, fue el proyecto de ley de financiamiento educativo enviado por el Poder Ejecutivo. Iniciativa que ya fue aprobada en la Cámara Alta -con observaciones del Bloque Radical- y que tiene como propósito elevar el presupuesto educativo del 4 al 6 por ciento del PBI, en un plazo de cinco años.

Al respecto fueron numerosos los encuentros llevados a cabo donde se abordó el análisis pormenorizado del proyecto desde distintas ópticas y en consulta permanente con todos los actores intervinientes en la cuestión educativa.

Sobre el tema, Isidori remarcó que "es necesario constituir a la problemática de financiamiento del sistema educativo en una prioridad política de primer orden, tanto en el nivel nacional como en el provincial" y señaló que este tipo de encuentros "constituyen espacios de análisis y, sobre todo, compatibilización de acciones para avanzar en forma concreta y eficaz en este sentido".

En el marco de este debate propuesto por la comisión de Educación, en conjunto con la de Presupuesto y Hacienda y la de Coparticipación Federal de Impuestos, los ministros de economía y educación de las distintas provincias remarcaron su acuerdo en general hacia el proyecto de ley del Ejecutivo -en su meta de mejorar la educación- pero también plantearon observaciones y cuestionamientos respecto de varios puntos entre los que se destaca la posibilidad de reducción de la autonomía financiera de las provincias. En tal sentido, hicieron hincapié en la necesidad de una ley convenio y solicitaron especificaciones con relación a la afectación de los recursos para universidades y ciencia y tecnología.

Otro de los cuestionamientos contempló, ante variables como el alto endeudamiento público de algunos distritos, la eventual necesidad de compatibilización con recursos conexos vinculados a otras obligaciones de servicios básicos e indelegables (como seguridad y salud); y por otra parte, las sanciones contempladas en el proyecto de ley.

Isidori rescató la importancia de estas opiniones en el tratamiento del proyecto y agradeció la cooperación de los funcionarios provinciales, manifestando “haber podido recepcionar con claridad las preocupaciones, sugerencias y aspectos a tener en cuenta” y remarcando la necesidad de “trabajar muy fuerte y profundamente en la letra y alcance de este proyecto”, al tiempo que señaló su “predisposición para que esta ley salga con consenso social”.

Tras las precedentes deliberaciones, y atendiendo a las inquietudes de las provincias y al propio análisis del proyecto, la postura de varios senadores cuestionó también algunos aspectos, el principal de ellos vinculado al esfuerzo fiscal dispar que deberán afrontar las provincias respecto de la nación.
El proyecto original contempla que el mismo sea del 40% para el orden nacional y del 60% para las jurisdicciones provinciales, situación por la cual el radicalismo propuso que ambos porcentajes se equiparen, como una forma de reivindicar el esfuerzo financiero que hicieron las provincias desde la transferencia de los servicios educativos.

Según la senadora rionegrina, esto representaría “un alto signo de igualdad ya que esta condición no se da en el régimen de coparticipación, ni se avanza en una ley que supere las asimetrías, la injusticia y la inequidad”.

Esta postura de Isidori quedó remarcada de antemano cuando expresó en 2004 en una columna de opinión del diario La Nación que "el incremento del presupuesto de la educación, asumido como prioridad política, debe incorporar necesariamente la discusión sobre la coparticipación y garantizar en las provincias el financiamiento necesario para que funcione, se desarrolle y se consolide en el tiempo".

A pesar de la existencia de estos contrastes propios del ejercicio de una oposición crítica y productiva, la presidenta de la Comisión de Educación del Senado, acompañó al Ejecutivo en el esfuerzo por intentar superar este aspecto fundamental de la problemática educativa y participó activamente de reuniones y presentaciones en la Casa Rosada, el Ministerio de Educación, y de encuentros conjuntos e individuales con los gremios, ejerciendo siempre una enérgica defensa del rol de las provincias y reclamando se tomen efectivamente las previsiones necesarias para que las mismas puedan cumplir con los propósitos del gobierno nacional.