Por iniciativa de la senadora Amanda Isidori, quien logró que el Senado de la Nación declare de interés educativo el libro "Hablar Paisano" y edite dos mil ejemplares del mismo, la obra de César Fernández se está distribuyendo en forma gratuita a establecimientos educativos y ámbitos relacionados con la cultura, en toda la provincia de Río Negro.
"Hablar Paisano" es producto de un trabajo dirigido por este docente e investigador de la Universidad Nacional del Comahue que procura reconstruir el proceso que siguen los niños alfabetizados, usuarios del castellano apaisanado y que cursan el segundo y tercer ciclo de la escuela primaria, en la construcción de la escritura convencional.
Isidori señaló que "la importancia de la edición y distribución de este libro para la región reside en que permitirá difundir los conocimientos alcanzados sobre este proceso y sus características. A partir de todo ello, los maestros podrán desarrollar estrategias que tengan en cuenta la naturaleza del problema que enfrentan cuando los niños de los sectores sociales de menores recursos ingresan a la escuela y emplean la variante lingüística que traen de su medio, produciendo textos que son considerados erróneos".
Precisamente fue ante la identificación de esta problemática, que el propósito de la investigación se centró en conocer y analizar las estrategias a las que recurren los hablantes ya alfabetizados para apropiarse de la escritura convencional y el rol del maestro en ese proceso.
"Se trata de una obra de un profundo significado regional, de una herramienta que potencia el proceso educativo desde una óptica que nos es propia y cotidiana. Es un trabajo que está enfocado hacia la contribución al conocimiento científico, beneficiando especialmente a los campos de didáctica de la lengua, la psicología y las ciencias del lenguaje", concluyó la senadora rionegrina.
jueves, marzo 30, 2006
martes, marzo 28, 2006
Inciativa para fortalecer la imagen de la escuela y del docente
Se presentó en el Senado de la Nación un proyecto de ley que busca fortalecer la imagen de la escuela pública y del rol docente en todo el país, a través de una campaña de bien público. La iniciativa corresponde a la rionegrina Amanda Isidori y tiene como objeto, además, la difusión y promoción de la educación desde una concepción pro-activa de incorporación de la comunidad en el proceso.
Las acciones se implementarán a través del denominado Programa Nacional de Comunicación para la Educación, que desde el Ministerio de Educación de la Nación convocará a toda la comunidad educativa, gremios, organizaciones no gubernamentales e instituciones vinculadas a la problemática para, en forma conjunta, diseñar, articular, implementar y coordinar las estrategias de difusión pertinentes.
Las acciones comunicativas del Programa se implementarán bajo la denominación de campañas de bien público y bajo una estricta política colectiva de firmantes, en la que el mensaje será suscripto por el conjunto de los actores intervinientes en su definición.
"Se trata de implementar una campaña cuyo mensaje interpele a la sociedad, movilizándola hacia una toma de conciencia, un cambio en la interpretación y valoración de la institución escuela y del rol docente. Es necesario para esto reforzar el concepto de comunidad educativa y revitalizar los valores vinculados a la solidaridad, la conciencia comunitaria, la aceptación, la tolerancia, la cultura y el saber", señaló Isidori.
En este sentido, remarcó que "el Estado en su calidad de productor de la función educativa debe abrir horizontes y trazar las grandes líneas del proyecto nacional. Una cuestión de forma, que anticipe los cambios de fondo, es diseñar e implementar una estrategia de comunicación que supere el actual nivel de la discusión sobre la educación instalado en el conjunto de la sociedad -temas laborales y gremiales, paros, descrédito sobre la calidad educativa, violencia en las escuelas, la institución como herramienta de asistencia social, etc.- y establezca un horizonte comunicacional que contemple el concepto de energía utópica movilizante, hacia un paradigma y una función educativa superadora. La necesidad concreta es la de forjar vínculos convenientes con la comunidad, apuntando a la valoración social de la institución y del rol docente"
Las acciones se implementarán a través del denominado Programa Nacional de Comunicación para la Educación, que desde el Ministerio de Educación de la Nación convocará a toda la comunidad educativa, gremios, organizaciones no gubernamentales e instituciones vinculadas a la problemática para, en forma conjunta, diseñar, articular, implementar y coordinar las estrategias de difusión pertinentes.
Las acciones comunicativas del Programa se implementarán bajo la denominación de campañas de bien público y bajo una estricta política colectiva de firmantes, en la que el mensaje será suscripto por el conjunto de los actores intervinientes en su definición.
"Se trata de implementar una campaña cuyo mensaje interpele a la sociedad, movilizándola hacia una toma de conciencia, un cambio en la interpretación y valoración de la institución escuela y del rol docente. Es necesario para esto reforzar el concepto de comunidad educativa y revitalizar los valores vinculados a la solidaridad, la conciencia comunitaria, la aceptación, la tolerancia, la cultura y el saber", señaló Isidori.
En este sentido, remarcó que "el Estado en su calidad de productor de la función educativa debe abrir horizontes y trazar las grandes líneas del proyecto nacional. Una cuestión de forma, que anticipe los cambios de fondo, es diseñar e implementar una estrategia de comunicación que supere el actual nivel de la discusión sobre la educación instalado en el conjunto de la sociedad -temas laborales y gremiales, paros, descrédito sobre la calidad educativa, violencia en las escuelas, la institución como herramienta de asistencia social, etc.- y establezca un horizonte comunicacional que contemple el concepto de energía utópica movilizante, hacia un paradigma y una función educativa superadora. La necesidad concreta es la de forjar vínculos convenientes con la comunidad, apuntando a la valoración social de la institución y del rol docente"
martes, marzo 21, 2006
Filmus se reunió con la Comisión de Educación del Senado
El ministro de Educación de la Nación, Daniel Filmus, fue recibido hoy por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Senado que preside la rionegrina Amanda Isidori, en una reunión especial prevista para dialogar con los legisladores sobre la agenda educativa para el año 2006.
En la apertura del encuentro Isidori reconoció la premura de Filmus para responder a las inquietudes parlamentarias y remarcó la firme posición de la Comisión hacia la compatibilización de acciones y criterios para trabajar en forma conjunta sobre los proyectos que integran la agenda educativa de este año. También, señaló el avance sustantivo logrado en el 2005 con las leyes de Financiamiento Educativo y de Educación Técnico Profesional
Por su parte, Filmus comentó detalles sobre la reforma de la Ley Federal anunciada por Kirchner y anticipó que los ejes del debate serán: unidad educativa del país, igualdad, funciones del Consejo Federal de Educación, excelencia y calidad educativa, asi como también el abordaje de las áreas específicas adulto, artística y especial.
“Una ley de Educación para nosotros es la central para definir el modelo de desarrollo del país y tiene que estar alejada del debate partidario, corporativo”, señaló Filmus al hacer explícita su intención de que la nueva legislación se apruebe en 2006 y no durante un año electoral como el que viene. Puntualizó además, la necesidad de “un debate amplio y plural” donde se pondrá el esfuerzo en “reducir visiones parciales en pos de definir un proyecto global” y se convocará prioritariamente a docentes, gremios, actores de la producción y del trabajo, medios de comunicación, entre otros.
Con respecto al financiamiento educativo, anticipó que espera discutir con el BID un crédito 2007/10 que incorpore el gasto “duro” de la nueva ley, aquel que corresponde a infraestructura, computadoras, laboratorios y equipamiento general; y comentó su propuesta al organismo de adelantar los gastos del actual crédito correspondientes al 2008 para el año en curso.
jueves, marzo 16, 2006
Renegociación del contrato de concesión para el corredor Vial Cipolletti-Neuquén
La senadora Amanda Isidori adhiere a la posición manifestada por la UCR en el tratamiento que tuvo ayer en el Senado la renegociación del contrato de concesión de la Empresa Caminos del Valle S.A. para el corredor Vial Interurbano Cipolletti-Neuquén, en la cual se recomendó se dé por extinguido por graves incumplimientos en las obras comprometidas y percepción íntegra de la tasa de retorno prevista para todo el término del contrato.
Según lo expresara el miembro informante de la UCR, la empresa no cumplió con las obras prometidas y el servicio que presta no tiene paralelismo con la importante ganancia que resultará de esta renegociación. Las quejas sobre el mismo provienen desde varios sectores entre los que se destacan los vecinos, los defensores del pueblo de la Nación, Río Negro y Neuquén, concejales de Neuquén y profesores de la Universidad del Comahue, entre otros.
Entre las críticas que se le hacen a la empresa concesionaria del corredor más corto del país, de tan sólo 2 Km., se encuentra el incumplimiento en la construcción de un tercer puente, que estaba prevista en un año y se efectuó luego de 8 años; y también, se destaca que el camino de reubicación de la Ruta Nacional N° 22 lleva 6 años de atraso.
Desde 2001 la empresa recibió $12 millones en materia de subsidio compensatorio por la reducción del monto del peaje debido a la tasa del gasoil y dentro de los términos de la renegociación del contrato, se estima que se efectuó un sobreprecio del 86% de las obras a realizar.
La UCR señaló también que el ingreso total por el peaje en los 18 años de la concesión –desde 1995 hasta 2013- será de $124 millones, de los cuales se recaudó hasta ahora 59 millones, por lo que se esperaría recaudar en el tiempo restante 65 millones. Mientras tanto, la empresa se compromete, en lo que resta del contrato a terminar el tercer puente -que ya está finalizado- con un valor estimado en $2.5 millones y a otras obras a determinar por $6 millones.
La renegociación presupone además, que en concepto de administración y explotación se gastarán $70 millones, cuando toda la infraestructura con la que se cuenta es de cuatro casillas de peaje en Cipolletti, y cuatro en Neuquén, con funcionamiento regular de dos casillas de cada lado del puente principal.
La empresa estima pagar en concepto de impuesto a las ganancias $16 millones, por lo que presupone percibir como utilidades $56 millones.
La situación planteada evidencia gravemente la inconsistencia del acuerdo alcanzado entre el Poder Ejecutivo Nacional y la Concesionaria Caminos del Valle S.A., que no cumple con la directriz legal para la renegociación de los contratos que tienen por objeto la prestación de servicios públicos.
viernes, marzo 10, 2006
Aprobación del Protocolo de la CEDAW
La senadora nacional por Río Negro, Amanda Isidori, presentó un Proyecto de Ley solicitando una vez más, la aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, conocido como CEDAW.
Isidori, una de las senadoras que más luchó por la ratificación de este instrumento jurídico y que el año pasado ya había solicitado en el recinto su tratamiento, consideró que este tema ha seguido una trayectoria llena de vicisitudes, desencuentros y controversias, que ha involucrado la opinión pública, distintos niveles del Estado y que “ha llegado a la Cámara, velando a nuestro criterio la necesaria claridad de pensamiento del legislador para evaluar y sancionar en beneficio de la ciudadanía y del bien común”.
Sobre las reservas que oportunamente expresaron algunos sectores para la aprobación del Protocolo -vinculadas a la cuestión de la soberanía y del aborto- la senadora rionegrina consideró que “independientemente de sus argumentos, que son incorrectos, extemporáneos y tendenciosos, no son más que la expresión de la histórica reticencia al reconocimiento de las mujeres como sujetas plenas de derecho”.
“Si en la República Argentina los Derechos Humanos son respetados, si se busca activamente la equidad y la no discriminación, no hay motivos para reservas de ninguna clase. No caben entonces argumentos en contra de la aprobación del Protocolo”, agregó.
La Convención es un instrumento internacional de procedimientos de recepción, comunicación e investigación que tiene por objeto la construcción de un espacio jurídico en el que las ciudadanas puedan encontrar garantías para resguardo de sus derechos ante violaciones de que puedan ser objeto.
Isidori, una de las senadoras que más luchó por la ratificación de este instrumento jurídico y que el año pasado ya había solicitado en el recinto su tratamiento, consideró que este tema ha seguido una trayectoria llena de vicisitudes, desencuentros y controversias, que ha involucrado la opinión pública, distintos niveles del Estado y que “ha llegado a la Cámara, velando a nuestro criterio la necesaria claridad de pensamiento del legislador para evaluar y sancionar en beneficio de la ciudadanía y del bien común”.
Sobre las reservas que oportunamente expresaron algunos sectores para la aprobación del Protocolo -vinculadas a la cuestión de la soberanía y del aborto- la senadora rionegrina consideró que “independientemente de sus argumentos, que son incorrectos, extemporáneos y tendenciosos, no son más que la expresión de la histórica reticencia al reconocimiento de las mujeres como sujetas plenas de derecho”.
“Si en la República Argentina los Derechos Humanos son respetados, si se busca activamente la equidad y la no discriminación, no hay motivos para reservas de ninguna clase. No caben entonces argumentos en contra de la aprobación del Protocolo”, agregó.
La Convención es un instrumento internacional de procedimientos de recepción, comunicación e investigación que tiene por objeto la construcción de un espacio jurídico en el que las ciudadanas puedan encontrar garantías para resguardo de sus derechos ante violaciones de que puedan ser objeto.
miércoles, marzo 08, 2006
Derechos de la Mujer: avances y retrocesos
La senadora Amanda Isidori, quien es autora de uno de los Proyectos de Ley que aprueban el Protocolo Facultativo de la CEDAW consideró que "esta fecha de profundo contenido reivindicatorio, es buena ocasión para que las mujeres nos preguntemos sobre los avances y retrocesos en materia de conquista de nuestros derechos. Personalmente creo que a lo largo de 23 años de democracia las ciudadanas argentinas debemos admitir que es necesaria una revisión de la legislación, es tiempo de analizar la vigencia y efectividad real de los principios alcanzados y de modificar cierto rumbo en la lucha por la equidad entre los géneros, porque todo parece indicar que el avance se encuentra estancado".
"Es tiempo de avanzar en la creación de un espacio representativo y heterogéneo, capaz de legitimar la necesaria revisión de la legislación concebida en esa materia a lo largo de los años de democracia, analizando su impacto real en la sociedad y promoviendo las reformas necesarias para que el andamiaje legal tenga efectividad en la práctica", sostuvo.
Isidori aseguró que "si las mujeres no accedemos en igualdad de condiciones al mercado laboral, a la salud y a la educación, si persisten las inequidades en el seno de las familias y son mujeres las que en forma mayoritaria asumen la responsabilidad jurídica y económica de sus hijos, si son mujeres quienes encabezan las estadísticas como víctimas de violencia familiar, si persisten problemas de discriminación y abuso de distinta índole, estamos ante la necesidad de redefinición de las estrategias sociales y de las políticas públicas en materia de género".
"La democracia ha provisto a la sociedad de un conjunto de instrumentos legales cuya aplicabilidad merece ser revisada atendiendo la demanda social en temas puntuales, y considerando que los años de vigencia de las leyes y la evolución de las condiciones sociales imponen redefiniciones y/o confirmaciones de las estrategias utilizadas para el mejoramiento de la plataforma de derechos destinados a la igualdad entre mujeres y varones", agregó.
"Es tiempo de avanzar en la creación de un espacio representativo y heterogéneo, capaz de legitimar la necesaria revisión de la legislación concebida en esa materia a lo largo de los años de democracia, analizando su impacto real en la sociedad y promoviendo las reformas necesarias para que el andamiaje legal tenga efectividad en la práctica", sostuvo.
Isidori aseguró que "si las mujeres no accedemos en igualdad de condiciones al mercado laboral, a la salud y a la educación, si persisten las inequidades en el seno de las familias y son mujeres las que en forma mayoritaria asumen la responsabilidad jurídica y económica de sus hijos, si son mujeres quienes encabezan las estadísticas como víctimas de violencia familiar, si persisten problemas de discriminación y abuso de distinta índole, estamos ante la necesidad de redefinición de las estrategias sociales y de las políticas públicas en materia de género".
"La democracia ha provisto a la sociedad de un conjunto de instrumentos legales cuya aplicabilidad merece ser revisada atendiendo la demanda social en temas puntuales, y considerando que los años de vigencia de las leyes y la evolución de las condiciones sociales imponen redefiniciones y/o confirmaciones de las estrategias utilizadas para el mejoramiento de la plataforma de derechos destinados a la igualdad entre mujeres y varones", agregó.
martes, marzo 07, 2006
8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer
Con motivo de celebrarse el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, la senadora Amanda Isidori concedió una entrevista a un medio de Capital Federal, en la que el tema central fue la aprobación del Protocolo Facultativo de la Cedaw.
¿Por qué cree que debería aprobarse sin reservas el Protocolo Facultativo a la Cedaw?
Razones de peso hay varias: en primer lugar la Convención Contra Toda Forma de Discriminación contra la Mujer es una Convención internacional que al igual que otras de Naciones Unidas avanza en la garantía de los Derechos Humanos. Acá cabe aclarar que cuando hablamos de Derechos Humanos hablamos de derechos para todos y todas, los Derechos Humanos de las Mujeres no están separados de los Derechos Humanos por lo tanto todo obstáculo, todo retroceso implica un retroceso en los lentos y muchas veces dificultosos logros alcanzado en esa materia en el último siglo. La ratificación de este Protocolo es la expresión concreta del compromiso internacional asumido por nuestro país para con los Derechos Humanos.
Aunque ya es sabido vale recordar que la Convención, sin ninguna salvedad, está incorporado a nuestra Constitución desde 1994, a través del artículo 75 inciso 22, conjuntamente con otros tratados, entre ellos mencionemos por ejemplo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención Internacional contra toda forma de Discriminación Racial; la Convención con la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o degradantes, entre otros. Estos instrumentos, como bien lo establece nuestra Constitución “tienen jerarquía superior a las leyes”
El Protocolo Facultativo es solo un instrumento procedimental con mecanismos de comunicación e investigación, no introduce modificaciones a lo ya acordado.
Algunos legisladores proponen aprobarlo con reservas, ¿Cuál es la importancia que usted le encuentra a esta diferencia de con reservas y sin reservas?
Las reservas, independientemente de sus argumentos, no son más que expresión de la histórica reticencia al reconocimiento de las mujeres como sujetas plenas de derecho. La primera y fundamental diferencia es de Justicia y Equidad, el Protocolo Facultativo de la CEDAW debe recibir el mismo tratamiento que otros protocolos aprobados por nuestro país, lo contrario es una clara violación a los derechos de las mujeres que desenmascara el sexismo y autoritarismo que todavía se mantienen.
En segundo lugar, reservas ha habido varias y de distinta naturaleza, acorde con el tipo de argumentos esgrimidos:
Desde que el Ex Presidente Duhalde solicitó se retirara del senado la comunicación efectuada por el Ex Presidente De la Rúa solicitando la aprobación del Protocolo, los argumentos se centraron en dos ejes: a) una supuesta violación de la soberanía expresada en la reserva es sobre el párrafo 1 del art. 29, que establece que toda controversia que surja entre dos o más Estados parte con respecto a la interpretación de la CEDAW que no se solucionen mediante negociaciones se someterá al arbitraje a petición de uno de ellos pudiéndose luego someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia.
b) considerar que el Comité “abre la puerta” al aborto a partir de que la CEDAW en el art. 12 establece recomendaciones acerca de la salud de las mujeres y los servicios especiales en relación al embarazo, parto y puerperio, y se refiere al “aborto seguro”, “recomendando su legalización y todo método anticonceptivo”. Se ha considerado que esta posición es incompatible con el derecho a la vida desde la concepción. Vale la pena recordar el texto del artículo aludido:
Artículo 12
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.
Hay que hacer una lectura muy tendenciosa para leer “aborto” donde dice “planificación de la familia”.
Recientemente, los despachos aprobados y que finalmente habrían habilitado su tratamiento en la Cámara, sostuvieron por la mayoría (PJ) la aprobación con reservas sobre los artículos 8 y 9 y defensa del derecho a la vida desde el momento de la concepción, mientras que el dictamen de la primera minoría (mi partido UCR y la Senadora Conti) sostuvo la aprobación sin reservas.
La reserva hacia los arts. 8 y 9 son inadmisibles, implican de “escribir con la mano y borrar con el codo” ya que afectan precisamente a la aplicabilidad de los instrumentos de comunicación e investigación.
¿Por qué cree que no se ha llegado a su aprobación cuando se debatió?
Los proyectos de aprobación de la CEDAW tuvieron dos dictámenes a lo largo de estos últimos años, pero nunca fueron tratados en el Recinto.
Hubo despacho en el año 2002 que caducó al finalizar ese año parlamentario. En diciembre del 2004 solicité moción de preferencia para el tratamiento de mi proyecto de aprobación conjuntamente con otros en el mismo sentido, con o sin despacho – esto hace alusión a los procedimientos reglamentarios dentro del Recinto- , votada mi solicitud se aprobó que fuera tratado con despacho lo cual empujó literalmente a que los proyectos fueran tratados en comisión y finalmente hubiera un nuevo dictamen, que lamentablemente no tuvo diferencias respecto del anterior, ni en su contenido ni en la composición de las posiciones.
¿Por qué cree que la Iglesia Católica se opone a su aprobación? ¿Usted cree que viola la soberanía nacional como ellos afirman?
Aclaremos que la supuesta violación de la soberanía no es un argumento de la Iglesia Católica, si lo es de aquella parte de la ciudadanía que casualmente suma a su adhesión a la Iglesia una posición ideológica de derecha; y también -como siempre- están aquellos que sin tener muy claro de que tratan la Convención y su Protocolo entran en el juego al conservadorismo ideológico, como ha sucedido con sectores de militancia que se identifican como progresistas.
Este argumento – de la violación a la soberanía no solo es incorrecto sino también extemporáneo. Hoy los acuerdos internacionales han avanzado con instrumentos jurídicos que intentan estar más allá de los vaivenes políticos que circunstancialmente vivan los diversos países, esto es una garantía para las y los ciudadanos porque sabemos muy bien que las democracias adolecen todavía en la práctica de restricciones a los derechos humanos que no están escritas en ninguna parte pero que son eficaces.
La CEDAW —al igual que el resto de los tratados adoptados por el Estado argentino— impone la obligación de implementar políticas públicas destinadas a proporcionar niveles satisfactorios de efectividad a los derechos contenidos en ella, instituye también un Comité permanente con facultades de control, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados parte en el tratado, y más recientemente tenemos que las Naciones Unidas está proponiendo la creación de una
Hay un miedo conocido de la Iglesia a la aprobación del Protocolo Facultativo a la Cedaw porque creen que abrirá las puertas al aborto (que podría llegar a recomendarlo en algún caso): ¿Es esto cierto? ¿Si toma carácter de ley, el Estado tendrá que acatar lo que dicta un comité internacional?
Colocar el tema del Protocolo Facultativo de la Convención en el marco del debate sobre el aborto denota una grosera reducción y desconocimiento de la dimensión y profundidad de los Derechos Humanos de las mujeres.
Como quedó claro más arriba, ni la Convención, ni el Protocolo que es su instrumento de aplicación, aluden en ningún momento al aborto; afirmar lo contrario solo puede hacerse desde la ignorancia o desde la intención de usar el tema con otros fines.
Sin duda que hay que hacer el debate sobre el aborto, pero no es este el caso y un examen detenido de la Convención y de su protocolo muestra claramente que los argumentos esgrimidos tanto para el rechazo como para la aprobación con reservas carecen de fundamentos en la letra y el espíritu de estos instrumentos.
Por otro lado, no es impensable que una recomendación del Comité pudiera incluir de alguna forma el tema aborto, pero eso no obliga al Estado Argentino a acatar esa como ninguna otra recomendación, si está obligado en forma genérica a la salvar toda violación a los Derechos Humanos de las Mujeres con sus propios instrumentos jurídicos y en concordancia con sus propias normas.
Así queda establecido en el texto de la Convención que no solo no atenta sino que tutela la soberanía de los Estados a través de sus artículos 23 y 19 que respectivamente expresan que si un país tiene legislación o convención vigente que sea más conducente que la Convención para el logro de la igualdad, la convención no podrá afectarla (art. 23), así como que los estados parte pueden denunciar el protocolo en cualquier momento (Art. 19)
La CEDAW —al igual que el resto de los tratados adoptados por el Estado argentino— impone la obligación de implementar políticas públicas destinadas a proporcionar niveles satisfactorios de efectividad a los derechos contenidos en ella.
Por otra parte, es interesante que mientras que en nuestro país seguimos debatiendo esta cuestión, el resto del mundo sigue avanzando. En este momento se esta debatiendo en el seno de Naciones Unidas la posibilidad de nombra una Relatoría Especial sobre leyes que discriminan a la mujer obteniendo un sólido apoyo de varios estados miembros -entre ellos Argentina- como Canadá, Líbano, Mauricio, Namibia, Uruguay, Filipinas y Corea del Sur; en tanto que la propia Santa Sede y los Estados Unidos han ofrecido su apoyo condicionándolo solo a que el mandato de la relatoría especial "no duplique el trabajo de mecanismos existentes".
Es por esto que más arriba decía que este debate es ya extemporáneo, por no decir, caduco.
En última instancia los temores de la Iglesia –aunque injustificados en relación con estos instrumentos- son respetables en el marco de su propio sistema de valores, pero la adhesión a un sistema religioso pertenece a la esfera de la intimidad de las personas y no debería transformarse en un deber de las y los ciudadanos ni de la sociedad en su conjunto. Este es también sin duda un debate pendiente, el del Estado Laico.
¿Por qué se dice que éste protocolo viola la soberanía nacional cuando ya se han firmado otros protocolos sin cuestionar este punto y sin que se haya avasallado la misma soberanía?
Me remito a lo dicho más arriba: la raíz de esta afirmación debe buscarse en el rechazo sexista a reconocer los derechos de las mujeres, el resto son argumentos “de adorno”, fuegos de artificio para distraer la atención de la verdadera cuestión.
¿Encuentra apoyo en el actual Gobierno Nacional para la aprobación?
El Gobierno nacional ha manifestado su opinión en cuanto a la aprobación sin reservas de este instrumento internacional, deberá sin embargo resolver las propias contradicciones internas del partido gobernante. Esperamos que prime el interés común por encima de los sectoriales.
¿Cuál es la situación actual de este proyecto de ley?
Todos los dictámenes – y los proyectos correspondientes- que no han sido tratados en el recinto caducan al final del año parlamentario cuando hay renovación de las Cámaras, por lo tanto en este momento estamos a foja cero en cuanto a proyectos de aprobación al Protocolo Facultativo, en estos días entrará nuevamente un proyecto de mi autoría en ese sentido.
¿Por qué se aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer –que incluso tomó jerarquía constitucional en 1994 – y no el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer? ¿No hay una paradoja en eso?
¿Cuál es entonces el temor de los sectores reaccionarios? Si en la República Argentina los Derechos Humanos de las Mujeres son respetados, si se busca activamente la equidad y la no discriminación; no habría motivo para reservas de ninguna clase.
Las reservas no admiten análisis por lo insustancial del planteo, por su falta de base, tanto por el texto mismo del Protocolo como por nuestro propio sistema jurídico que se ha incorporado plenamente al contexto jurídico internacional (Corte Penal Internacional, Protocolo de la convención contra tortura y todo tipo de malos tratos, entre otros).
Hay una flagrante contradicción por detrás de la cual está la reacción de los grupos conservadores que no pudieron impedir que la Convención fuera incorporada a la Constitución y que ahora usan el Protocolo como última línea para limitar los avances de las mujeres.
Estos sectores conservadores se sienten amenazados en su estatus quo y para defenderlo esgrimen argumentos que son caros a nuestro pensamiento y emociones: la vida, la familia, la soberanía; generando no ingenuamente una gran confusión en torno a la Convención, su Protocolo Facultativo y las atribuciones del Comité. La opinión pública que no tiene acceso habitualmente a este tipo de información, ha sido empujada absurdamente a interpretar que están en debate la CEDAW, aborto y la soberanía.
Desde luego que el protocolo remite a la Convención, y ese es el nudo del problema. Se les pasó por alto en su momento, no tuvieron fuerza para impedir que quedara incluida en la Constitución, esto es inmodificable salvo que se modificara nuestra Constitución, llegarían a ese extremo?
Lo que de verdad están amenazados son los privilegios e intereses de quienes se benefician con la explotación del trabajo de las mujeres, que las ha mantenido en situación de pobreza y marginalidad.
Muchos de aquellos que se rasgan las vestiduras hablando de la defensa de la maternidad y de los niños deberían acatar la Convención que expresamente destaca en su articulado el alto valor social del rol de las mujeres en la maternidad y en el sostén de la familia y el derecho primario de los niños ( Arts, 4, 5, 12, 14, 16, entre otros), sin duda eso mejoraría la condición de las mujeres.
Por último, ¿Cuál es el estado del proyecto de aprobación de la Convención de Belén do Pará y cuáles son las perspectivas a corto plazo de aprobación en el Congreso?
Al igual que en el caso del Protocolo, todos los proyectos existentes sobre el tema caducaron con la renovación de las Cámaras. Debemos retomar este tema con la misma fuerza que con el protocolo Facultativo de la Convención.
¿Por qué cree que debería aprobarse sin reservas el Protocolo Facultativo a la Cedaw?
Razones de peso hay varias: en primer lugar la Convención Contra Toda Forma de Discriminación contra la Mujer es una Convención internacional que al igual que otras de Naciones Unidas avanza en la garantía de los Derechos Humanos. Acá cabe aclarar que cuando hablamos de Derechos Humanos hablamos de derechos para todos y todas, los Derechos Humanos de las Mujeres no están separados de los Derechos Humanos por lo tanto todo obstáculo, todo retroceso implica un retroceso en los lentos y muchas veces dificultosos logros alcanzado en esa materia en el último siglo. La ratificación de este Protocolo es la expresión concreta del compromiso internacional asumido por nuestro país para con los Derechos Humanos.
Aunque ya es sabido vale recordar que la Convención, sin ninguna salvedad, está incorporado a nuestra Constitución desde 1994, a través del artículo 75 inciso 22, conjuntamente con otros tratados, entre ellos mencionemos por ejemplo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención Internacional contra toda forma de Discriminación Racial; la Convención con la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o degradantes, entre otros. Estos instrumentos, como bien lo establece nuestra Constitución “tienen jerarquía superior a las leyes”
El Protocolo Facultativo es solo un instrumento procedimental con mecanismos de comunicación e investigación, no introduce modificaciones a lo ya acordado.
Algunos legisladores proponen aprobarlo con reservas, ¿Cuál es la importancia que usted le encuentra a esta diferencia de con reservas y sin reservas?
Las reservas, independientemente de sus argumentos, no son más que expresión de la histórica reticencia al reconocimiento de las mujeres como sujetas plenas de derecho. La primera y fundamental diferencia es de Justicia y Equidad, el Protocolo Facultativo de la CEDAW debe recibir el mismo tratamiento que otros protocolos aprobados por nuestro país, lo contrario es una clara violación a los derechos de las mujeres que desenmascara el sexismo y autoritarismo que todavía se mantienen.
En segundo lugar, reservas ha habido varias y de distinta naturaleza, acorde con el tipo de argumentos esgrimidos:
Desde que el Ex Presidente Duhalde solicitó se retirara del senado la comunicación efectuada por el Ex Presidente De la Rúa solicitando la aprobación del Protocolo, los argumentos se centraron en dos ejes: a) una supuesta violación de la soberanía expresada en la reserva es sobre el párrafo 1 del art. 29, que establece que toda controversia que surja entre dos o más Estados parte con respecto a la interpretación de la CEDAW que no se solucionen mediante negociaciones se someterá al arbitraje a petición de uno de ellos pudiéndose luego someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia.
b) considerar que el Comité “abre la puerta” al aborto a partir de que la CEDAW en el art. 12 establece recomendaciones acerca de la salud de las mujeres y los servicios especiales en relación al embarazo, parto y puerperio, y se refiere al “aborto seguro”, “recomendando su legalización y todo método anticonceptivo”. Se ha considerado que esta posición es incompatible con el derecho a la vida desde la concepción. Vale la pena recordar el texto del artículo aludido:
Artículo 12
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.
Hay que hacer una lectura muy tendenciosa para leer “aborto” donde dice “planificación de la familia”.
Recientemente, los despachos aprobados y que finalmente habrían habilitado su tratamiento en la Cámara, sostuvieron por la mayoría (PJ) la aprobación con reservas sobre los artículos 8 y 9 y defensa del derecho a la vida desde el momento de la concepción, mientras que el dictamen de la primera minoría (mi partido UCR y la Senadora Conti) sostuvo la aprobación sin reservas.
La reserva hacia los arts. 8 y 9 son inadmisibles, implican de “escribir con la mano y borrar con el codo” ya que afectan precisamente a la aplicabilidad de los instrumentos de comunicación e investigación.
¿Por qué cree que no se ha llegado a su aprobación cuando se debatió?
Los proyectos de aprobación de la CEDAW tuvieron dos dictámenes a lo largo de estos últimos años, pero nunca fueron tratados en el Recinto.
Hubo despacho en el año 2002 que caducó al finalizar ese año parlamentario. En diciembre del 2004 solicité moción de preferencia para el tratamiento de mi proyecto de aprobación conjuntamente con otros en el mismo sentido, con o sin despacho – esto hace alusión a los procedimientos reglamentarios dentro del Recinto- , votada mi solicitud se aprobó que fuera tratado con despacho lo cual empujó literalmente a que los proyectos fueran tratados en comisión y finalmente hubiera un nuevo dictamen, que lamentablemente no tuvo diferencias respecto del anterior, ni en su contenido ni en la composición de las posiciones.
¿Por qué cree que la Iglesia Católica se opone a su aprobación? ¿Usted cree que viola la soberanía nacional como ellos afirman?
Aclaremos que la supuesta violación de la soberanía no es un argumento de la Iglesia Católica, si lo es de aquella parte de la ciudadanía que casualmente suma a su adhesión a la Iglesia una posición ideológica de derecha; y también -como siempre- están aquellos que sin tener muy claro de que tratan la Convención y su Protocolo entran en el juego al conservadorismo ideológico, como ha sucedido con sectores de militancia que se identifican como progresistas.
Este argumento – de la violación a la soberanía no solo es incorrecto sino también extemporáneo. Hoy los acuerdos internacionales han avanzado con instrumentos jurídicos que intentan estar más allá de los vaivenes políticos que circunstancialmente vivan los diversos países, esto es una garantía para las y los ciudadanos porque sabemos muy bien que las democracias adolecen todavía en la práctica de restricciones a los derechos humanos que no están escritas en ninguna parte pero que son eficaces.
La CEDAW —al igual que el resto de los tratados adoptados por el Estado argentino— impone la obligación de implementar políticas públicas destinadas a proporcionar niveles satisfactorios de efectividad a los derechos contenidos en ella, instituye también un Comité permanente con facultades de control, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados parte en el tratado, y más recientemente tenemos que las Naciones Unidas está proponiendo la creación de una
Hay un miedo conocido de la Iglesia a la aprobación del Protocolo Facultativo a la Cedaw porque creen que abrirá las puertas al aborto (que podría llegar a recomendarlo en algún caso): ¿Es esto cierto? ¿Si toma carácter de ley, el Estado tendrá que acatar lo que dicta un comité internacional?
Colocar el tema del Protocolo Facultativo de la Convención en el marco del debate sobre el aborto denota una grosera reducción y desconocimiento de la dimensión y profundidad de los Derechos Humanos de las mujeres.
Como quedó claro más arriba, ni la Convención, ni el Protocolo que es su instrumento de aplicación, aluden en ningún momento al aborto; afirmar lo contrario solo puede hacerse desde la ignorancia o desde la intención de usar el tema con otros fines.
Sin duda que hay que hacer el debate sobre el aborto, pero no es este el caso y un examen detenido de la Convención y de su protocolo muestra claramente que los argumentos esgrimidos tanto para el rechazo como para la aprobación con reservas carecen de fundamentos en la letra y el espíritu de estos instrumentos.
Por otro lado, no es impensable que una recomendación del Comité pudiera incluir de alguna forma el tema aborto, pero eso no obliga al Estado Argentino a acatar esa como ninguna otra recomendación, si está obligado en forma genérica a la salvar toda violación a los Derechos Humanos de las Mujeres con sus propios instrumentos jurídicos y en concordancia con sus propias normas.
Así queda establecido en el texto de la Convención que no solo no atenta sino que tutela la soberanía de los Estados a través de sus artículos 23 y 19 que respectivamente expresan que si un país tiene legislación o convención vigente que sea más conducente que la Convención para el logro de la igualdad, la convención no podrá afectarla (art. 23), así como que los estados parte pueden denunciar el protocolo en cualquier momento (Art. 19)
La CEDAW —al igual que el resto de los tratados adoptados por el Estado argentino— impone la obligación de implementar políticas públicas destinadas a proporcionar niveles satisfactorios de efectividad a los derechos contenidos en ella.
Por otra parte, es interesante que mientras que en nuestro país seguimos debatiendo esta cuestión, el resto del mundo sigue avanzando. En este momento se esta debatiendo en el seno de Naciones Unidas la posibilidad de nombra una Relatoría Especial sobre leyes que discriminan a la mujer obteniendo un sólido apoyo de varios estados miembros -entre ellos Argentina- como Canadá, Líbano, Mauricio, Namibia, Uruguay, Filipinas y Corea del Sur; en tanto que la propia Santa Sede y los Estados Unidos han ofrecido su apoyo condicionándolo solo a que el mandato de la relatoría especial "no duplique el trabajo de mecanismos existentes".
Es por esto que más arriba decía que este debate es ya extemporáneo, por no decir, caduco.
En última instancia los temores de la Iglesia –aunque injustificados en relación con estos instrumentos- son respetables en el marco de su propio sistema de valores, pero la adhesión a un sistema religioso pertenece a la esfera de la intimidad de las personas y no debería transformarse en un deber de las y los ciudadanos ni de la sociedad en su conjunto. Este es también sin duda un debate pendiente, el del Estado Laico.
¿Por qué se dice que éste protocolo viola la soberanía nacional cuando ya se han firmado otros protocolos sin cuestionar este punto y sin que se haya avasallado la misma soberanía?
Me remito a lo dicho más arriba: la raíz de esta afirmación debe buscarse en el rechazo sexista a reconocer los derechos de las mujeres, el resto son argumentos “de adorno”, fuegos de artificio para distraer la atención de la verdadera cuestión.
¿Encuentra apoyo en el actual Gobierno Nacional para la aprobación?
El Gobierno nacional ha manifestado su opinión en cuanto a la aprobación sin reservas de este instrumento internacional, deberá sin embargo resolver las propias contradicciones internas del partido gobernante. Esperamos que prime el interés común por encima de los sectoriales.
¿Cuál es la situación actual de este proyecto de ley?
Todos los dictámenes – y los proyectos correspondientes- que no han sido tratados en el recinto caducan al final del año parlamentario cuando hay renovación de las Cámaras, por lo tanto en este momento estamos a foja cero en cuanto a proyectos de aprobación al Protocolo Facultativo, en estos días entrará nuevamente un proyecto de mi autoría en ese sentido.
¿Por qué se aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer –que incluso tomó jerarquía constitucional en 1994 – y no el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer? ¿No hay una paradoja en eso?
¿Cuál es entonces el temor de los sectores reaccionarios? Si en la República Argentina los Derechos Humanos de las Mujeres son respetados, si se busca activamente la equidad y la no discriminación; no habría motivo para reservas de ninguna clase.
Las reservas no admiten análisis por lo insustancial del planteo, por su falta de base, tanto por el texto mismo del Protocolo como por nuestro propio sistema jurídico que se ha incorporado plenamente al contexto jurídico internacional (Corte Penal Internacional, Protocolo de la convención contra tortura y todo tipo de malos tratos, entre otros).
Hay una flagrante contradicción por detrás de la cual está la reacción de los grupos conservadores que no pudieron impedir que la Convención fuera incorporada a la Constitución y que ahora usan el Protocolo como última línea para limitar los avances de las mujeres.
Estos sectores conservadores se sienten amenazados en su estatus quo y para defenderlo esgrimen argumentos que son caros a nuestro pensamiento y emociones: la vida, la familia, la soberanía; generando no ingenuamente una gran confusión en torno a la Convención, su Protocolo Facultativo y las atribuciones del Comité. La opinión pública que no tiene acceso habitualmente a este tipo de información, ha sido empujada absurdamente a interpretar que están en debate la CEDAW, aborto y la soberanía.
Desde luego que el protocolo remite a la Convención, y ese es el nudo del problema. Se les pasó por alto en su momento, no tuvieron fuerza para impedir que quedara incluida en la Constitución, esto es inmodificable salvo que se modificara nuestra Constitución, llegarían a ese extremo?
Lo que de verdad están amenazados son los privilegios e intereses de quienes se benefician con la explotación del trabajo de las mujeres, que las ha mantenido en situación de pobreza y marginalidad.
Muchos de aquellos que se rasgan las vestiduras hablando de la defensa de la maternidad y de los niños deberían acatar la Convención que expresamente destaca en su articulado el alto valor social del rol de las mujeres en la maternidad y en el sostén de la familia y el derecho primario de los niños ( Arts, 4, 5, 12, 14, 16, entre otros), sin duda eso mejoraría la condición de las mujeres.
Por último, ¿Cuál es el estado del proyecto de aprobación de la Convención de Belén do Pará y cuáles son las perspectivas a corto plazo de aprobación en el Congreso?
Al igual que en el caso del Protocolo, todos los proyectos existentes sobre el tema caducaron con la renovación de las Cámaras. Debemos retomar este tema con la misma fuerza que con el protocolo Facultativo de la Convención.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
