La senadora rionegrina Amanda Isidori pidió al Poder Ejecutivo que se abstenga de implementar el Programa Racional de Uso de Energía -conocido como sistema de “premios y castigos”-, así como cualquier otro mecanismo de imposición de cargos adicionales a los usuarios de gas de la Patagonia.
Mediante un proyecto presentado en la Cámara Alta, Isidori reclamó nuevamente por la situación de los usuarios de gas de la Patagonia afectados durante el 2004 y 2005 por los cargos adicionales aplicados por exceso de consumo a determinadas categorías de usuarios, que suponen un nuevo cuadro tarifario establecido sin respetar los mecanismos legales para ello, como son las audiencias públicas y los procesos de renegociación de contratos de Servicios Públicos.
No obstante apoyar toda iniciativa para la educación en el uso racional de la energía, el proyecto de Isidori apunta a corregir la asimetría generada por la falta de ponderación de los factores climáticos de la Patagonia ya que los umbrales de consumo fijados en las resoluciones aludidas, no toman debidamente en cuenta los parámetros térmicos de las distintas regiones del país y las mayores necesidades de consumo de las provincias del sur.
Isidori remarcó, además, que el pasado año un importante número de usuarios patagónicos de la zona andina ni siquiera pudo acceder al servicio de gas por redes, por encontrarse comprometida en su totalidad, la capacidad de transporte del Gasoducto Cordillerano, obligando a aquellos a consumir gas envasado que, por no tener precio regulado, es varias veces más caro que el distribuido en redes.
Muchas han sido las críticas que recibió el Programa de Uso Racional de Energía desde distintas organizaciones de defensa de los usuarios y consumidores. Oportunamente, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Río Negro también advirtió que, dejando de lado la inconveniencia de tal programa para todos los afectados, se suma que las necesidades de consumo en la Patagonia no se compadecen con las del resto del país, debido a las extremas temperaturas que afectan a esta región, por lo que la medida de aplicar cargos por mayor consumo resulta injusta.
