Repensar la universidad como institución y la Universidad del Comahue en particular

Nota de opinión
Por Amanda Isidori

En los últimos días hemos asistido sucesivamente al intento de desmembramiento de la Universidad Nacional del Comahue para “crear” dos nuevas universidades, y a la ahora nueva propuesta de creación de la Universidad de Río Negro.

En el mismo plano encontramos dos proyectos más de “creación” de Casas de Altos estudios, desmembrando las universidades de San Luis y del Nordeste para dar lugar a las Universidades de Villa Mercedes y de Chaco, respectivamente.

Más allá de pensar que el riesgo de fragilización del sistema universitario que conlleva la creación de nuevas universidades sin el respectivo incremento del presupuesto universitario, quiero referirme en particular a los procesos que vivimos con la presentación de estos proyectos y la situación que afrontamos con la “reorientación” que el Senador Pichetto dice haber dado al suyo.

La creación de una universidad es un proceso complejo que formalmente demanda pasos en acuerdo con el orden institucional. Es preciso recordar que no siempre esto fue así y que en los oscuros momentos de la dictadura vieron la luz universidades por el “sencillo” trámite de partir las ya existentes. Pero eran épocas en las que bastaba la decisión y la firma de quien detentaba el poder de facto para llevar adelante estas acciones. Causalmente, tuvieron auge las universidades provinciales.

Pasaron veintitrés años desde que recuperamos la democracia, hecho que aunque formalmente data del año 1983 significó un arduo trabajo, que se prolongó en el tiempo y que todavía estamos construyendo. La democratización, como podemos confirmar, no ocurre de manera espontánea, requiere voluntad, rigor en adherir a leyes y principios, renunciamiento y no poca generosidad. Valores que tal vez hoy suenen vacíos pero que son el corazón de lo más importante para sostener la convivencia, el factor humano.

Las universidades dan claras muestras de este proceso que todavía se esta desarrollando, y decimos, entonces, que están en crisis. Parece apropiado desplegar variadas estrategias para “resolver” el “agotamiento” de las universidades: romper unas, “crear” otras, agobiar el ya complejo panorama financiero incrementando el número de “bocas” a alimentar.

Mientras esto ocurre, sus autores juegan desaprensivamente con sentimientos y esperanzas genuinas de las personas: tener más cerca, más a mano, más accesible la posibilidad de seguir estudios superiores. Otras emociones son menos legítimas, los localismos, hermanos menores de diversas formas de fundamentalismo.

Y este desprecio por las voluntades democráticas y la consecuente prepotencia se repiten en el ámbito que debería demostrar la mayor claridad y serenidad para dictaminar, el Senado. Como Presidenta de la Comisión de Educación Cultura, Ciencia y Tecnología me opuse al avance de los proyectos por fuera de los mecanismos institucionales establecidos, sin emitir opinión sobre la pertinencia o no de tales proyectos.

Por otro lado, desde mi visión personal señalé en todo momento que aún cumpliendo los pasos institucionales faltaba uno de los más necesarios e importantes: la consulta y la consideración de las personas cuyas vidas y proyectos se verían afectadas, las comunidades universitarias, las autoridades legítimas de los territorios, la sociedad en su conjunto.

Estas crisis deben conducirnos a repensar la universidad como institución y la Universidad del Comahue en particular. Repensar para fortalecerla, acompañarla y sostener esta universidad verdaderamente regional que significó y significa un factor geopolítico relevante para la integración y desarrollo científico tecnológico, cultural y social; de articulación con los gobiernos provinciales y las restantes universidades patagónicas. Reflexionar además, si efectivamente existe la necesidad estratégica y el deseo legítimo de una universidad limitada exclusivamente al territorio provincial, y en caso afirmativo, cómo hacerla.

Hoy, nos encontramos con el anuncio a través de los medios de un nuevo proyecto de Universidad de Río Negro. Una vez más, vemos vulnerados los procedimientos institucionales por la pretensión de contar con un despacho, que se descuenta favorable, en el cortísimo plazo. Sin estudio de factibilidad, sin informe del Consejo de Rectores, sin pedir opinión al gobierno provincial, sin tener información, y el tiempo, y la forma, para conocer aspectos demográficos, poblacionales, productivos, políticos, por mencionar solo algunos; se pretende que los senadores tratemos el proyecto en la Comisión que presido.
No es serio, no es democrático, no es respetuoso, no se condice con la investidura ni la claridad que nos debemos para tomar decisiones de conjunto.

La tarea parlamentaria debe reconocer la relevancia de la organización en red y la horizontalidad. Y aunque dicha afirmación parezca ingenua, las sociedades más avanzadas desde el punto de vista democrático reconocen el éxito de las decisiones originadas en el consenso. Las iniciativas parlamentarias que hoy nos ocupan generaron tensiones, y las tensiones, sabemos, son la antesala de los conflictos. Sin embargo, los conflictos pueden ser entendidos positivamente, depende de los mecanismos de regulación que decidamos hacer uso para superarlos.

El esfuerzo en transformar y mejorar las sociedades y nuestro entorno se enriquece con la democratización, con el compromiso de los ciudadanos activos, con el el uso consciente, crítico y responsable de los aparatos que acumulan información y conocimiento. No tengamos temor a preceptos tan antiguos como efectivos para fortalecer nuestras ideas y nuestros propósitos.

En la otra punta de esta línea, el Consejo de Rectores se propone con entusiasmo a elaborar una planificación territorial y articulada para las universidades que fortalezca la educación superior y cree redes con ciclos básicos comunes en todo el país que permita la movilidad dentro del sistema y combinaciones con las distintas Casas de Altos Estudios.

Sin saber aún sobre esta nueva pretensión, yo pensaba -y así lo expresé- en la posibilidad de trabajar con iniciativas parlamentarias por un sistema universitario consolidado, repensando las instituciones y haciendo un planteo educativo racional. Trabajar conjuntamente con las autoridades ministeriales, la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto en pos de una nueva ley de Educación Superior.

Lo pensaba, y lo sigo pensando. Ahí mantengo fuerte mi compromiso y voy a trabajar en ese sentido.