Un proyecto de Ley impulsado por la senadora rionegrina Amanda Isidori dispone la creación del Registro Único de Instituciones Geriátricas, estableciendo la competencia de los organismos de control y de sanción para la fiscalización de tales instituciones y otorgando un plazo razonable para la adecuación de las mismas.
Esta idea nace de la necesidad de asumir enérgicamente acciones que permitan abordar con eficacia la situación actual de nuestros adultos mayores (personas de 60 años o más), sin dejar de atender la necesidad de instalar en el espacio colectivo los cambios paulatinos necesarios para afrontar el futuro envejecimiento poblacional, con el propósito de lograr la máxima calidad de vida y aprovechamiento de esta etapa vital.
En sus aspectos sustantivos, el proyecto establece taxativamente las responsabilidades del Estado en la materia, invitando a las Provincias y los gobiernos locales a adherir respondiendo a criterios de descentralización y respeto por las autonomías federales.
Sostiene además, como premisa fundamental el alto valor social de los adultos mayores y el reconocimiento pleno de sus derechos; considera que ellos son intermediarios entre el pasado, el presente y el futuro constituyendo un verdadero vínculo vital para el desarrollo de la sociedad y la continuidad de nuestra cultura.
La iniciativa, parte de la necesidad de contar con una herramienta amplia, eficaz y ejecutiva frente al complejo panorama que hoy muestra el sector de Servicios de Residencia para la población de mayor edad.
Plantea qué hacer con una cuestión que todos conocemos pero que no se enfrenta, cuestión que abarca desde los centros de internación en algunos casos ilegales o legales con control escaso o ausente; superposición de competencias en los controles cuando éstos existen; la existencia de reglamentaciones sin penalización real de las infracciones; el maltrato o abuso en diversos ámbitos públicos y privados; hasta la insensibilización e ineficacia –por lo tanto maltrato- de las instituciones públicas.
En la Argentina aproximadamente más de un millón y medio de personas (13,7%) tienen más de 60 años. En total suman casi cinco millones de personas adultas mayores, sobre los cuales se estima que alrededor de 400.000 carecen de ingresos y cobertura social, la magnitud del hecho transforma en amenaza aquello que debería ser la más rica etapa de la vida y a la que todos y todas naturalmente llegaremos.
