Sistema Universitario Nacional

LA PUNTA DEL ICEBERG
Por Amanda Isidori

Nuestro Sistema Universitario está conformado por 38 Universidades Nacionales, 41 Universidades Privadas, 6 Institutos Universitarios Estatales, 12 Institutos Universitarios Privados, una Universidad provincial, una Universidad Extranjera y una Universidad Internacional.

Este cuadro difiere en volumen y características al panorama de hace tres décadas, el sistema sufrió un explosivo crecimiento a la par que la concepción misma acerca de la enseñanza universitaria se modificó como resultado de profundos cambios sociales, económicos y tecnológicos que culminaron en el siglo pasado con una generalizada adhesión de la formación superior al neoliberalismo.

Este señalamiento es de capital importancia partiendo de la idea de que bajo toda acción subyace una concepción filosófica y que no hay una filosofía valorativamente neutra, por el contrario, siempre traduce un contexto en el que funciona determinado sistema de valores.

El sistema económico liberal presupone una concepción de la ciencia, de ser humano, de sociedad y de política, regida por las pautas económicas características de dicho sistema. La posición filosófica que subyace la concepción neoliberal impregna la historia contemporánea de la Educación Superior en Argentina por lo cual no debe extrañarnos que las normas jurídicas que hoy la rigen la expresen de un modo u otro.

Desde el nacimiento de la primer la primera universidad en la ciudad de Córdoba en el siglo XVII exclusivamente religiosa; el impulso de secularización que culmina con la sanción de la Ley Avellaneda (1885) profundizado con la Reforma de 1918 que se mantiene hasta el año 1943; pasando por los cambios durante el peronismo, los periodos de dictadura hasta llegar a fines del año 1983 al retorno a la democracia; la historia de la Universidad en Argentina marca el tránsito de una formación concebida para elites que en forma sucesiva integraron los grupos religioso primero y la dirigencia política después.

La universidad argentina nacida con la ley Avellaneda tuvo un perfil profesionalista emergente de la demanda de quienes poblaron sus aulas, particularmente hijos e hijas de inmigrantes.

La universidad fue un poderoso motor de ascenso social y en el imaginario de “M´ hijo el doctor” estaba presente esta noción de progreso mediatizada por la adquisición de conocimiento, y el conocimiento mismo era un valor, junto a la investigación y la creación cultural y humanística, dando unidad e identidad al sistema educativo superior.

En la década del 90 se propuso un nuevo armazón legal, administrativo e institucional acorde con las reformas económicas, políticas y culturales que transformaron a nuestro país en una marioneta trágica y una burda caricatura del modelo de desarrollo deshumanizado del neoliberalismo.

Hoy el sistema universitario argentino se caracteriza por una alta heterogeneidad y diversificación y enfrentamos un serio problema de legitimidad política y de legalidad. El “negocio” de la educación superior se apoya en la ilusión de ascenso social y acumulación de oportunidades y ventajas en el mercado de trabajo, el conocimiento es “empujado” hacia los postgrados demandando mayores y más profundas cualificaciones competitivas y simultáneamente vaciando de contenido los niveles inferiores de la formación, proceso que se repite en todo el sistema educativo.

Y si bien la década del 90 puso sobre el tapete la cuestión de financiamiento de la educación y esto podría hacernos pensar en una consideración de su valor estratégico, el achicamiento del estado, su retirada del rol de garantía de derechos esenciales de la población, el definanciamiento de los sistemas proveedores de estos recursos nos indican claramente que abrieron las puertas al ingreso no cuestionado ni restringido del financiamiento privado no necesariamente ligado a los intereses y necesidades del país.

No estamos desconociendo ni el valor de la iniciativa privada ni la importancia de las alianzas estado-sociedad en el avance del sistema, lo que está en discusión y los hechos así lo demuestran, es la legitimidad del espectro amplio de tales iniciativas así como un marco jurídico que resulta a todas luces insuficiente para evitar los verdaderos agujeros negros nacidos al impulso de la modernización –no negamos necesaria- del sistema.

Hay dos puntos críticos en este escenario: la modalidad de Educación a distancia y las articulaciones del la Educación Superior Argentina con universidades extranjeras que hoy abren sus sedes, ofrecen títulos validados en nuestro país o envían a sus alumnos a cursar a la Argentina.

Nuestro país conforma un mercado atractivo para tales ofertas educativas, en sentido positivo esto nos coloca en un lugar favorable en el marco de la mundialización educativa, en sentido negativo nos transforma en una factoría para los países centrales con mano de obra barata.

La modalidad de vinculación que más está creciendo es denominada de "doble titulación", el dictado conjunto con diplomas válidos tanto en la Argentina como en el país de origen de la otra universidad, modalidad que excede en mucho los marcos jurídicos actualmente disponibles y que no debemos olvidar que en última instancia es una forma más de una fructífera alianza de negocios. El mercado educativo argentino implica un volumen varias veces millonario que resulta atractivo para inversores de todo el mundo.
El marco jurídico regulatorio esta conformado por las leyes de 24.521 de Educación Superior y sus decretos reglamentarios y la ley 25.165 y sus decretos reglamentarios y modificatorias.

Dejando momentáneamente de lado la primera concentrémonos en la segunda y en particular en los decretos 276/99 y 81/98 relativos a la Educación a Distancia y a la regulación y vinculación con universidades extranjeras.

Creemos que una revisión crítica de estos instrumentos es indispensable en forma inmediata, así como el fortalecimiento de los instrumentos disponibles de contralor dentro del Poder Ejecutivo a los que debe exigírsele la definición de una política que salvaguarde los derechos de la ciudadanía a la vez que ofrezca alternativas efectivas que reconviertan ala Educación Superior en un real motor del desarrollo, en el marco de una visión humanística y ética que ponga en el centro los valores a los que no deseamos ni debemos renunciar.