La indigencia exige la atención del Estado
La actividad de recuperación de residuos, así como los trabajadores que se dedican a ella (“cartoneros”), son un hecho. No es un fenómeno nuevo, pero en los últimos años tomó una magnitud sin precedentes. Negarlo sería rechazar que las condiciones socioeconómicas en las que se sume el país dejaron a la recuperación de residuos como una rama más del trabajo.
Teniendo en cuenta que sólo en la Capital Federal existen alrededor de 10.000 personas dedicadas a la actividad de recuperación de residuos urbanos (sin contar las personas no registradas y las que llevan a cabo su trabajo en el interior del país), el proyecto de ley impulsado por la senadora rionegrina Amanda Isidori prentende otorgarles a los recuperadores urbanos, en su mayoría mujeres, prestaciones básicas para facilitar el desarrollo de su actividad.
Las mismas son concebidas en un marco de reconocimiento de la dignidad del trabajo y de los derechos conexos vinculados a la protección legal, preservación de la salud, defensa de la familia y capacitación, con el objeto de intentar minimizar el efecto que los determinantes económicos y culturales extremos de la pobreza producen en el individuo. Esto sin desconocer el carácter imperativo que marca un contexto de aplicación posible, consciente y aprehensivo de la realidad.
Al respecto, Isidori señaló que “los popularmente denominados "cartoneros" son personas que económica y socialmente están sumidas en la indigencia. En tal sentido, no se deduce de este proyecto de ley que les permitirá elevar su nivel de vida hasta superar la pobreza, pero al menos podrán buscar el sustento diario con un menor nivel de riesgo para su salud integral, alternativa no desechable”
En términos prácticos, un vez sancionada, esta ley implementará un Registro Nacional Único y Obligatorio, que se encargará de su aplicación y proveerá a los inscriptos una credencial que acredite el cumplimiento de la totalidad del plan de vacunación impuesto por la autoridad de aplicación, tanto por parte del recuperador urbano, como de todos los integrantes de su grupo familiar que lo acompañaren en las tareas.
Además, verificará las condiciones en que los menores realizan la actividad apuntando a la salvaguarda de las necesidades básicas de los mismos, tales como educación, alimento, higiene y salud. También creará o gestionará lugares de tránsito, asistencia, guardas o comedores que alberguen a los hijos menores de los trabajadores durante el tiempo que estos se encuentran desarrollando sus tareas.
Entre otros de los objetivos planteados se preve la implementación de campañas educativas que aborden tópicos como protección sanitaria y bioseguridad, cuestiones ambientales, y de comercialización del material recuperable.
Según fuentes periodísticas el negocio del reciclaje del papel moviliza casi medio millón de toneladas de cartón y plástico recuperadas tan sólo en la capital argentina, lo que representa un ingreso de alrededor de 70 millones de pesos para los cartoneros y un volumen de comercialización final del negocio que alcanza unos 450 millones de pesos anuales.
