Mañana a las 19 horas se presentará en Cipolletti el libro “Hablar Paisano”, escrito por César Fernández e impreso en el Senado de la Nación por iniciativa de la senadora Amanda Isidori. El acto tendrá lugar en la Casa Peuser de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNCo, ubicada en la calle Irigoyen al 2000. Al mismo están invitados el intendente municipal, autoridades académicas y público en general.
"Hablar Paisano" es producto de un trabajo dirigido por este docente e investigador de la Universidad Nacional del Comahue que procura reconstruir el proceso que siguen los niños alfabetizados, usuarios del castellano apaisanado y que cursan el segundo y tercer ciclo de la escuela primaria, en la construcción de la escritura convencional.
Isidori señaló que "la importancia de la edición y distribución de este libro para la región reside en que permitirá difundir los conocimientos alcanzados sobre este proceso y sus características. A partir de todo ello, los maestros podrán desarrollar estrategias que tengan en cuenta la naturaleza del problema que enfrentan cuando los niños de los sectores sociales de menores recursos ingresan a la escuela y emplean la variante lingüística que traen de su medio, produciendo textos que son considerados erróneos".
"Se trata de una obra de un profundo significado regional, de una herramienta que potencia el proceso educativo desde una óptica que nos es propia y cotidiana. Es un trabajo que está enfocado hacia la contribución al conocimiento científico, beneficiando especialmente a los campos de didáctica de la lengua, la psicología y las ciencias del lenguaje", agregó.
La obra ya ha sido distribuida en forma gratuita a establecimientos educativos y ámbitos relacionados con la cultura, en toda la provincia de Río Negro.
martes, mayo 02, 2006
viernes, abril 28, 2006
Una ley para impulsar la industria del calzado argentino
La iniciativa propone fortalecer al sector productor de calzados a través de la creación del “Régimen de Protección y Fomento de la Industria del Calzado Argentino y afines”. El proyecto es impulsado por la senadora Amanda Isidori y apunta a lograr un desarrollo sustentable y sostenido, basado en la competitividad del sector.
La idea surge a raíz de un diagnóstico de situación que muestra cómo la industria del calzado y afines ha sido afectada por la importación de productos provenientes de China y Brasil; y ha iniciado desde hace más de una década, una profunda crisis que se retroalimenta, marcada por la pérdida de segmentos del mercado que son cubiertos por importaciones desde aquellos países, la descapitalización y la falta de innovación tecnológica. Como dato significativo cabe expresar que entre 1991 y 1998 la producción de calzado cayó más del 30% y entre 1997 y el 2001 el derrumbe se aceleró a un ritmo del -15% anual.
Al respecto, Isidori señaló que el país debe aspirar a alcanzar en un mediano plazo metas moderadas de crecimiento del sector y sostuvo que “existen los recursos básicos para desarrollar una producción que le permita incursionar competitivamente en el segmento de calidad media y alta, basada en la disponibilidad de cueros, la capacidad y experiencia de nuestras curtiembres, la buena calificación y bajo costo de la mano de obra, sumada a la rica tradición artesanal y diseño local”.
“No se propone nada imposible ni fuera de lo que se ha venido implementando a nivel mundial, a través de distintos modelos productivos, en países como China, India, Italia, España e incluso Brasil. En este último caso el gran auge obtenido en los últimos años se debe a las políticas implementadas para favorecer el sector como: ventajas impositivas, promoción comercial y financiamiento”, agregó.
La iniciativa de Isidori se cristaliza puntualmente en la aplicación de un conjunto de políticas públicas que abarcan la investigación y desarrollo tecnológico de la industria, la formación de recursos humanos, la promoción del calzado argentino a nivel local e internacional, programas de financiamiento y estabilidad fiscal, entre otras medidas.
jueves, abril 20, 2006
Desde 2005 el Senado proyecta cambios en el Servicio Meteorológico Nacional
La intención del Ejecutivo de pasar a la órbita civil el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tiene su antecedente más cercano en un proyecto de ley presentado en agosto de 2005 por la senadora radical Amanda Isidori, que apunta fundamentalmente a jerarquizar y reorganizar al organismo. Para avanzar sobre el tema Isidori recibió hoy en el Senado al presidente del Centro Argentino de Meteorólogos, Juan Manuel Hörler.
Durante la reunión se coincidió en la conveniencia de que estos cambios se den por medio de una ley y no a través de un decreto. También, se adelantó que el tema se tratará en un plenario de comisiones a desarrollarse en las próximas semanas en la Cámara Alta. El Centro Argentino de Meteorólogos es la entidad que trabajó conjuntamente con Isidori en la elaboración de la mencionada iniciativa.
El proyecto de la senadora rionegrina constituye al SMN en un organismo civil descentralizado y con jerarquía de Dirección General, dependiente de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, bajo la órbita del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
De este modo, el servicio pasaría a tener una composición mixta, pues seguiría participando la Fuerza Aérea Argentina en todo lo relativo a la prestación meteorológica a la aeronavegación, pero no se acotarían las funciones únicamente a ello, habida cuenta del amplio margen científico de las actividades asignadas y su utilidad para otros rubros, en especial los económicos.
En el delineamiento de los objetivos planteados en el proyecto para el Servicio Meteorológico Nacional se busca: impulsar y consolidar la generación y aprovechamiento social de los conocimientos; difundir la prestación de los servicios de acuerdo a la diversidad de necesidades de todo el país; contribuir al bienestar social mediante el suministro de una base científica capaz de proteger el medio ambiente; y promover mecanismos de coordinación entre organismos vinculados con la meteorología, tanto en el orden nacional como internacional.
La iniciativa de Isidori propicia la derogación de la Ley 12.945/47, el Decreto-Ley 16987/66 y el Decreto PEN 2818/66, en cuanto normativas que legislan la actividad meteorológica en el nivel nacional.
Durante la reunión se coincidió en la conveniencia de que estos cambios se den por medio de una ley y no a través de un decreto. También, se adelantó que el tema se tratará en un plenario de comisiones a desarrollarse en las próximas semanas en la Cámara Alta. El Centro Argentino de Meteorólogos es la entidad que trabajó conjuntamente con Isidori en la elaboración de la mencionada iniciativa.
El proyecto de la senadora rionegrina constituye al SMN en un organismo civil descentralizado y con jerarquía de Dirección General, dependiente de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, bajo la órbita del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
De este modo, el servicio pasaría a tener una composición mixta, pues seguiría participando la Fuerza Aérea Argentina en todo lo relativo a la prestación meteorológica a la aeronavegación, pero no se acotarían las funciones únicamente a ello, habida cuenta del amplio margen científico de las actividades asignadas y su utilidad para otros rubros, en especial los económicos.
En el delineamiento de los objetivos planteados en el proyecto para el Servicio Meteorológico Nacional se busca: impulsar y consolidar la generación y aprovechamiento social de los conocimientos; difundir la prestación de los servicios de acuerdo a la diversidad de necesidades de todo el país; contribuir al bienestar social mediante el suministro de una base científica capaz de proteger el medio ambiente; y promover mecanismos de coordinación entre organismos vinculados con la meteorología, tanto en el orden nacional como internacional.
La iniciativa de Isidori propicia la derogación de la Ley 12.945/47, el Decreto-Ley 16987/66 y el Decreto PEN 2818/66, en cuanto normativas que legislan la actividad meteorológica en el nivel nacional.
miércoles, abril 19, 2006
Moneda conmemorativa
Se presentó en el Senado un proyecto de ley que dispone la impresión de una moneda de curso legal vigente con la imagen representativa de las comunidades originarias argentinas, en conmemoración del día Indio Americano (19 de abril) y como expresión de reconocimiento a la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas de nuestro país.
La iniciativa corresponde a la senadora Amanda Isidori y tiene su origen en el reconocimiento de la falta de integración virtuosa entre lo que señalamos como cultura argentina y la cultura de los diferentes pueblos originarios. Una situación que puede superarse sólo en la medida en que se logre una creciente participación de las comunidades originarias en la vida nacional, y la contrapartida de un creciente interés de la comunidad nacional toda por estos pueblos que son parte integrante de la misma.
En tal sentido, la senadora rionegrina reconoció que no se puede hablar de una integración madura y bilateral, basada en el respeto por la diversidad, el reconocimiento y la voluntad de lograr una comunidad integradora y potenciadora de las peculiaridades; y señaló que el rol de una moneda representativa de los pueblos originarios “es el de constituirse en un hito e instrumento en la construcción de significados, que interpele y produzca vínculos en el ámbito de la cultura. Es un paso que damos en favor de la integración, es un símbolo de esa voluntad”.
“Esta moneda conmemorativa tiene la significación de ser el elemento, producto de nuestra cultura y de nuestra firme decisión de abogar por el diálogo y mutuo reconocimiento entre las culturas, sustentando el respeto, los valores y la tradición como pilares fundamentales en la construcción de una cultura viva que se adapte a nuevas circunstancias y produzca, en la diversidad, contactos enriquecedores”, agregó Isidori.
Una moneda no es sólo un bien de cambio, es la expresión de la cultura, pensamiento y proyección de una nación. Las monedas son una imagen del país que las emite; son testigos casi perpetuos de sus circunstancias en el momento de la acuñación, expresión de la vida política y social, testimonio de su idiosincrasia, trayectoria histórica y proyecto nacional.
En el espíritu conmemorativo del 19 de abril de 1940 (día del Indio Americano) es que se propone renovar y consolidar este compromiso de salvaguardar, perpetuar e integrarnos con la cultura de nuestras comunidades originarias en el pleno de la vida nacional, con el espíritu de justicia y tradición que inspira a los grandes pueblos.
jueves, abril 06, 2006
Presupuesto transparente
La Cámara Alta aprobó ayer una iniciativa que permitirá a los ciudadanos conocer el plan anual de gobierno y acceder en forma sencilla al proyecto de ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional, como así también a la ley efectivamente promulgada. La idea pertenece a la senadora Amanda Isidori y promueve la difusión de estos documentos a través de Internet.
Como se trata de textos extensos y redactados en lenguaje técnico, se apunta especialmente a que los mismos sean difundidos en un lenguaje coloquial, potenciando así la posibilidad del ciudadano de acceder a los asuntos públicos y reivindicar su derecho de acceso a la información.
El presupuesto nacional contempla anualmente el plan de política del Estado Nacional y expresa objetivos y prioridades que terminan de definirse en el ámbito legislativo.
Como se trata de textos extensos y redactados en lenguaje técnico, se apunta especialmente a que los mismos sean difundidos en un lenguaje coloquial, potenciando así la posibilidad del ciudadano de acceder a los asuntos públicos y reivindicar su derecho de acceso a la información.
El presupuesto nacional contempla anualmente el plan de política del Estado Nacional y expresa objetivos y prioridades que terminan de definirse en el ámbito legislativo.
jueves, marzo 30, 2006
Se distribuyen ejemplares gratuitos de "Hablar Paisano" en toda la provincia
Por iniciativa de la senadora Amanda Isidori, quien logró que el Senado de la Nación declare de interés educativo el libro "Hablar Paisano" y edite dos mil ejemplares del mismo, la obra de César Fernández se está distribuyendo en forma gratuita a establecimientos educativos y ámbitos relacionados con la cultura, en toda la provincia de Río Negro.
"Hablar Paisano" es producto de un trabajo dirigido por este docente e investigador de la Universidad Nacional del Comahue que procura reconstruir el proceso que siguen los niños alfabetizados, usuarios del castellano apaisanado y que cursan el segundo y tercer ciclo de la escuela primaria, en la construcción de la escritura convencional.
Isidori señaló que "la importancia de la edición y distribución de este libro para la región reside en que permitirá difundir los conocimientos alcanzados sobre este proceso y sus características. A partir de todo ello, los maestros podrán desarrollar estrategias que tengan en cuenta la naturaleza del problema que enfrentan cuando los niños de los sectores sociales de menores recursos ingresan a la escuela y emplean la variante lingüística que traen de su medio, produciendo textos que son considerados erróneos".
Precisamente fue ante la identificación de esta problemática, que el propósito de la investigación se centró en conocer y analizar las estrategias a las que recurren los hablantes ya alfabetizados para apropiarse de la escritura convencional y el rol del maestro en ese proceso.
"Se trata de una obra de un profundo significado regional, de una herramienta que potencia el proceso educativo desde una óptica que nos es propia y cotidiana. Es un trabajo que está enfocado hacia la contribución al conocimiento científico, beneficiando especialmente a los campos de didáctica de la lengua, la psicología y las ciencias del lenguaje", concluyó la senadora rionegrina.
"Hablar Paisano" es producto de un trabajo dirigido por este docente e investigador de la Universidad Nacional del Comahue que procura reconstruir el proceso que siguen los niños alfabetizados, usuarios del castellano apaisanado y que cursan el segundo y tercer ciclo de la escuela primaria, en la construcción de la escritura convencional.
Isidori señaló que "la importancia de la edición y distribución de este libro para la región reside en que permitirá difundir los conocimientos alcanzados sobre este proceso y sus características. A partir de todo ello, los maestros podrán desarrollar estrategias que tengan en cuenta la naturaleza del problema que enfrentan cuando los niños de los sectores sociales de menores recursos ingresan a la escuela y emplean la variante lingüística que traen de su medio, produciendo textos que son considerados erróneos".
Precisamente fue ante la identificación de esta problemática, que el propósito de la investigación se centró en conocer y analizar las estrategias a las que recurren los hablantes ya alfabetizados para apropiarse de la escritura convencional y el rol del maestro en ese proceso.
"Se trata de una obra de un profundo significado regional, de una herramienta que potencia el proceso educativo desde una óptica que nos es propia y cotidiana. Es un trabajo que está enfocado hacia la contribución al conocimiento científico, beneficiando especialmente a los campos de didáctica de la lengua, la psicología y las ciencias del lenguaje", concluyó la senadora rionegrina.
martes, marzo 28, 2006
Inciativa para fortalecer la imagen de la escuela y del docente
Se presentó en el Senado de la Nación un proyecto de ley que busca fortalecer la imagen de la escuela pública y del rol docente en todo el país, a través de una campaña de bien público. La iniciativa corresponde a la rionegrina Amanda Isidori y tiene como objeto, además, la difusión y promoción de la educación desde una concepción pro-activa de incorporación de la comunidad en el proceso.
Las acciones se implementarán a través del denominado Programa Nacional de Comunicación para la Educación, que desde el Ministerio de Educación de la Nación convocará a toda la comunidad educativa, gremios, organizaciones no gubernamentales e instituciones vinculadas a la problemática para, en forma conjunta, diseñar, articular, implementar y coordinar las estrategias de difusión pertinentes.
Las acciones comunicativas del Programa se implementarán bajo la denominación de campañas de bien público y bajo una estricta política colectiva de firmantes, en la que el mensaje será suscripto por el conjunto de los actores intervinientes en su definición.
"Se trata de implementar una campaña cuyo mensaje interpele a la sociedad, movilizándola hacia una toma de conciencia, un cambio en la interpretación y valoración de la institución escuela y del rol docente. Es necesario para esto reforzar el concepto de comunidad educativa y revitalizar los valores vinculados a la solidaridad, la conciencia comunitaria, la aceptación, la tolerancia, la cultura y el saber", señaló Isidori.
En este sentido, remarcó que "el Estado en su calidad de productor de la función educativa debe abrir horizontes y trazar las grandes líneas del proyecto nacional. Una cuestión de forma, que anticipe los cambios de fondo, es diseñar e implementar una estrategia de comunicación que supere el actual nivel de la discusión sobre la educación instalado en el conjunto de la sociedad -temas laborales y gremiales, paros, descrédito sobre la calidad educativa, violencia en las escuelas, la institución como herramienta de asistencia social, etc.- y establezca un horizonte comunicacional que contemple el concepto de energía utópica movilizante, hacia un paradigma y una función educativa superadora. La necesidad concreta es la de forjar vínculos convenientes con la comunidad, apuntando a la valoración social de la institución y del rol docente"
Las acciones se implementarán a través del denominado Programa Nacional de Comunicación para la Educación, que desde el Ministerio de Educación de la Nación convocará a toda la comunidad educativa, gremios, organizaciones no gubernamentales e instituciones vinculadas a la problemática para, en forma conjunta, diseñar, articular, implementar y coordinar las estrategias de difusión pertinentes.
Las acciones comunicativas del Programa se implementarán bajo la denominación de campañas de bien público y bajo una estricta política colectiva de firmantes, en la que el mensaje será suscripto por el conjunto de los actores intervinientes en su definición.
"Se trata de implementar una campaña cuyo mensaje interpele a la sociedad, movilizándola hacia una toma de conciencia, un cambio en la interpretación y valoración de la institución escuela y del rol docente. Es necesario para esto reforzar el concepto de comunidad educativa y revitalizar los valores vinculados a la solidaridad, la conciencia comunitaria, la aceptación, la tolerancia, la cultura y el saber", señaló Isidori.
En este sentido, remarcó que "el Estado en su calidad de productor de la función educativa debe abrir horizontes y trazar las grandes líneas del proyecto nacional. Una cuestión de forma, que anticipe los cambios de fondo, es diseñar e implementar una estrategia de comunicación que supere el actual nivel de la discusión sobre la educación instalado en el conjunto de la sociedad -temas laborales y gremiales, paros, descrédito sobre la calidad educativa, violencia en las escuelas, la institución como herramienta de asistencia social, etc.- y establezca un horizonte comunicacional que contemple el concepto de energía utópica movilizante, hacia un paradigma y una función educativa superadora. La necesidad concreta es la de forjar vínculos convenientes con la comunidad, apuntando a la valoración social de la institución y del rol docente"
martes, marzo 21, 2006
Filmus se reunió con la Comisión de Educación del Senado
El ministro de Educación de la Nación, Daniel Filmus, fue recibido hoy por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Senado que preside la rionegrina Amanda Isidori, en una reunión especial prevista para dialogar con los legisladores sobre la agenda educativa para el año 2006.
En la apertura del encuentro Isidori reconoció la premura de Filmus para responder a las inquietudes parlamentarias y remarcó la firme posición de la Comisión hacia la compatibilización de acciones y criterios para trabajar en forma conjunta sobre los proyectos que integran la agenda educativa de este año. También, señaló el avance sustantivo logrado en el 2005 con las leyes de Financiamiento Educativo y de Educación Técnico Profesional
Por su parte, Filmus comentó detalles sobre la reforma de la Ley Federal anunciada por Kirchner y anticipó que los ejes del debate serán: unidad educativa del país, igualdad, funciones del Consejo Federal de Educación, excelencia y calidad educativa, asi como también el abordaje de las áreas específicas adulto, artística y especial.
“Una ley de Educación para nosotros es la central para definir el modelo de desarrollo del país y tiene que estar alejada del debate partidario, corporativo”, señaló Filmus al hacer explícita su intención de que la nueva legislación se apruebe en 2006 y no durante un año electoral como el que viene. Puntualizó además, la necesidad de “un debate amplio y plural” donde se pondrá el esfuerzo en “reducir visiones parciales en pos de definir un proyecto global” y se convocará prioritariamente a docentes, gremios, actores de la producción y del trabajo, medios de comunicación, entre otros.
Con respecto al financiamiento educativo, anticipó que espera discutir con el BID un crédito 2007/10 que incorpore el gasto “duro” de la nueva ley, aquel que corresponde a infraestructura, computadoras, laboratorios y equipamiento general; y comentó su propuesta al organismo de adelantar los gastos del actual crédito correspondientes al 2008 para el año en curso.
jueves, marzo 16, 2006
Renegociación del contrato de concesión para el corredor Vial Cipolletti-Neuquén
La senadora Amanda Isidori adhiere a la posición manifestada por la UCR en el tratamiento que tuvo ayer en el Senado la renegociación del contrato de concesión de la Empresa Caminos del Valle S.A. para el corredor Vial Interurbano Cipolletti-Neuquén, en la cual se recomendó se dé por extinguido por graves incumplimientos en las obras comprometidas y percepción íntegra de la tasa de retorno prevista para todo el término del contrato.
Según lo expresara el miembro informante de la UCR, la empresa no cumplió con las obras prometidas y el servicio que presta no tiene paralelismo con la importante ganancia que resultará de esta renegociación. Las quejas sobre el mismo provienen desde varios sectores entre los que se destacan los vecinos, los defensores del pueblo de la Nación, Río Negro y Neuquén, concejales de Neuquén y profesores de la Universidad del Comahue, entre otros.
Entre las críticas que se le hacen a la empresa concesionaria del corredor más corto del país, de tan sólo 2 Km., se encuentra el incumplimiento en la construcción de un tercer puente, que estaba prevista en un año y se efectuó luego de 8 años; y también, se destaca que el camino de reubicación de la Ruta Nacional N° 22 lleva 6 años de atraso.
Desde 2001 la empresa recibió $12 millones en materia de subsidio compensatorio por la reducción del monto del peaje debido a la tasa del gasoil y dentro de los términos de la renegociación del contrato, se estima que se efectuó un sobreprecio del 86% de las obras a realizar.
La UCR señaló también que el ingreso total por el peaje en los 18 años de la concesión –desde 1995 hasta 2013- será de $124 millones, de los cuales se recaudó hasta ahora 59 millones, por lo que se esperaría recaudar en el tiempo restante 65 millones. Mientras tanto, la empresa se compromete, en lo que resta del contrato a terminar el tercer puente -que ya está finalizado- con un valor estimado en $2.5 millones y a otras obras a determinar por $6 millones.
La renegociación presupone además, que en concepto de administración y explotación se gastarán $70 millones, cuando toda la infraestructura con la que se cuenta es de cuatro casillas de peaje en Cipolletti, y cuatro en Neuquén, con funcionamiento regular de dos casillas de cada lado del puente principal.
La empresa estima pagar en concepto de impuesto a las ganancias $16 millones, por lo que presupone percibir como utilidades $56 millones.
La situación planteada evidencia gravemente la inconsistencia del acuerdo alcanzado entre el Poder Ejecutivo Nacional y la Concesionaria Caminos del Valle S.A., que no cumple con la directriz legal para la renegociación de los contratos que tienen por objeto la prestación de servicios públicos.
viernes, marzo 10, 2006
Aprobación del Protocolo de la CEDAW
La senadora nacional por Río Negro, Amanda Isidori, presentó un Proyecto de Ley solicitando una vez más, la aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, conocido como CEDAW.
Isidori, una de las senadoras que más luchó por la ratificación de este instrumento jurídico y que el año pasado ya había solicitado en el recinto su tratamiento, consideró que este tema ha seguido una trayectoria llena de vicisitudes, desencuentros y controversias, que ha involucrado la opinión pública, distintos niveles del Estado y que “ha llegado a la Cámara, velando a nuestro criterio la necesaria claridad de pensamiento del legislador para evaluar y sancionar en beneficio de la ciudadanía y del bien común”.
Sobre las reservas que oportunamente expresaron algunos sectores para la aprobación del Protocolo -vinculadas a la cuestión de la soberanía y del aborto- la senadora rionegrina consideró que “independientemente de sus argumentos, que son incorrectos, extemporáneos y tendenciosos, no son más que la expresión de la histórica reticencia al reconocimiento de las mujeres como sujetas plenas de derecho”.
“Si en la República Argentina los Derechos Humanos son respetados, si se busca activamente la equidad y la no discriminación, no hay motivos para reservas de ninguna clase. No caben entonces argumentos en contra de la aprobación del Protocolo”, agregó.
La Convención es un instrumento internacional de procedimientos de recepción, comunicación e investigación que tiene por objeto la construcción de un espacio jurídico en el que las ciudadanas puedan encontrar garantías para resguardo de sus derechos ante violaciones de que puedan ser objeto.
Isidori, una de las senadoras que más luchó por la ratificación de este instrumento jurídico y que el año pasado ya había solicitado en el recinto su tratamiento, consideró que este tema ha seguido una trayectoria llena de vicisitudes, desencuentros y controversias, que ha involucrado la opinión pública, distintos niveles del Estado y que “ha llegado a la Cámara, velando a nuestro criterio la necesaria claridad de pensamiento del legislador para evaluar y sancionar en beneficio de la ciudadanía y del bien común”.
Sobre las reservas que oportunamente expresaron algunos sectores para la aprobación del Protocolo -vinculadas a la cuestión de la soberanía y del aborto- la senadora rionegrina consideró que “independientemente de sus argumentos, que son incorrectos, extemporáneos y tendenciosos, no son más que la expresión de la histórica reticencia al reconocimiento de las mujeres como sujetas plenas de derecho”.
“Si en la República Argentina los Derechos Humanos son respetados, si se busca activamente la equidad y la no discriminación, no hay motivos para reservas de ninguna clase. No caben entonces argumentos en contra de la aprobación del Protocolo”, agregó.
La Convención es un instrumento internacional de procedimientos de recepción, comunicación e investigación que tiene por objeto la construcción de un espacio jurídico en el que las ciudadanas puedan encontrar garantías para resguardo de sus derechos ante violaciones de que puedan ser objeto.
miércoles, marzo 08, 2006
Derechos de la Mujer: avances y retrocesos
La senadora Amanda Isidori, quien es autora de uno de los Proyectos de Ley que aprueban el Protocolo Facultativo de la CEDAW consideró que "esta fecha de profundo contenido reivindicatorio, es buena ocasión para que las mujeres nos preguntemos sobre los avances y retrocesos en materia de conquista de nuestros derechos. Personalmente creo que a lo largo de 23 años de democracia las ciudadanas argentinas debemos admitir que es necesaria una revisión de la legislación, es tiempo de analizar la vigencia y efectividad real de los principios alcanzados y de modificar cierto rumbo en la lucha por la equidad entre los géneros, porque todo parece indicar que el avance se encuentra estancado".
"Es tiempo de avanzar en la creación de un espacio representativo y heterogéneo, capaz de legitimar la necesaria revisión de la legislación concebida en esa materia a lo largo de los años de democracia, analizando su impacto real en la sociedad y promoviendo las reformas necesarias para que el andamiaje legal tenga efectividad en la práctica", sostuvo.
Isidori aseguró que "si las mujeres no accedemos en igualdad de condiciones al mercado laboral, a la salud y a la educación, si persisten las inequidades en el seno de las familias y son mujeres las que en forma mayoritaria asumen la responsabilidad jurídica y económica de sus hijos, si son mujeres quienes encabezan las estadísticas como víctimas de violencia familiar, si persisten problemas de discriminación y abuso de distinta índole, estamos ante la necesidad de redefinición de las estrategias sociales y de las políticas públicas en materia de género".
"La democracia ha provisto a la sociedad de un conjunto de instrumentos legales cuya aplicabilidad merece ser revisada atendiendo la demanda social en temas puntuales, y considerando que los años de vigencia de las leyes y la evolución de las condiciones sociales imponen redefiniciones y/o confirmaciones de las estrategias utilizadas para el mejoramiento de la plataforma de derechos destinados a la igualdad entre mujeres y varones", agregó.
"Es tiempo de avanzar en la creación de un espacio representativo y heterogéneo, capaz de legitimar la necesaria revisión de la legislación concebida en esa materia a lo largo de los años de democracia, analizando su impacto real en la sociedad y promoviendo las reformas necesarias para que el andamiaje legal tenga efectividad en la práctica", sostuvo.
Isidori aseguró que "si las mujeres no accedemos en igualdad de condiciones al mercado laboral, a la salud y a la educación, si persisten las inequidades en el seno de las familias y son mujeres las que en forma mayoritaria asumen la responsabilidad jurídica y económica de sus hijos, si son mujeres quienes encabezan las estadísticas como víctimas de violencia familiar, si persisten problemas de discriminación y abuso de distinta índole, estamos ante la necesidad de redefinición de las estrategias sociales y de las políticas públicas en materia de género".
"La democracia ha provisto a la sociedad de un conjunto de instrumentos legales cuya aplicabilidad merece ser revisada atendiendo la demanda social en temas puntuales, y considerando que los años de vigencia de las leyes y la evolución de las condiciones sociales imponen redefiniciones y/o confirmaciones de las estrategias utilizadas para el mejoramiento de la plataforma de derechos destinados a la igualdad entre mujeres y varones", agregó.
martes, marzo 07, 2006
8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer
Con motivo de celebrarse el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, la senadora Amanda Isidori concedió una entrevista a un medio de Capital Federal, en la que el tema central fue la aprobación del Protocolo Facultativo de la Cedaw.
¿Por qué cree que debería aprobarse sin reservas el Protocolo Facultativo a la Cedaw?
Razones de peso hay varias: en primer lugar la Convención Contra Toda Forma de Discriminación contra la Mujer es una Convención internacional que al igual que otras de Naciones Unidas avanza en la garantía de los Derechos Humanos. Acá cabe aclarar que cuando hablamos de Derechos Humanos hablamos de derechos para todos y todas, los Derechos Humanos de las Mujeres no están separados de los Derechos Humanos por lo tanto todo obstáculo, todo retroceso implica un retroceso en los lentos y muchas veces dificultosos logros alcanzado en esa materia en el último siglo. La ratificación de este Protocolo es la expresión concreta del compromiso internacional asumido por nuestro país para con los Derechos Humanos.
Aunque ya es sabido vale recordar que la Convención, sin ninguna salvedad, está incorporado a nuestra Constitución desde 1994, a través del artículo 75 inciso 22, conjuntamente con otros tratados, entre ellos mencionemos por ejemplo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención Internacional contra toda forma de Discriminación Racial; la Convención con la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o degradantes, entre otros. Estos instrumentos, como bien lo establece nuestra Constitución “tienen jerarquía superior a las leyes”
El Protocolo Facultativo es solo un instrumento procedimental con mecanismos de comunicación e investigación, no introduce modificaciones a lo ya acordado.
Algunos legisladores proponen aprobarlo con reservas, ¿Cuál es la importancia que usted le encuentra a esta diferencia de con reservas y sin reservas?
Las reservas, independientemente de sus argumentos, no son más que expresión de la histórica reticencia al reconocimiento de las mujeres como sujetas plenas de derecho. La primera y fundamental diferencia es de Justicia y Equidad, el Protocolo Facultativo de la CEDAW debe recibir el mismo tratamiento que otros protocolos aprobados por nuestro país, lo contrario es una clara violación a los derechos de las mujeres que desenmascara el sexismo y autoritarismo que todavía se mantienen.
En segundo lugar, reservas ha habido varias y de distinta naturaleza, acorde con el tipo de argumentos esgrimidos:
Desde que el Ex Presidente Duhalde solicitó se retirara del senado la comunicación efectuada por el Ex Presidente De la Rúa solicitando la aprobación del Protocolo, los argumentos se centraron en dos ejes: a) una supuesta violación de la soberanía expresada en la reserva es sobre el párrafo 1 del art. 29, que establece que toda controversia que surja entre dos o más Estados parte con respecto a la interpretación de la CEDAW que no se solucionen mediante negociaciones se someterá al arbitraje a petición de uno de ellos pudiéndose luego someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia.
b) considerar que el Comité “abre la puerta” al aborto a partir de que la CEDAW en el art. 12 establece recomendaciones acerca de la salud de las mujeres y los servicios especiales en relación al embarazo, parto y puerperio, y se refiere al “aborto seguro”, “recomendando su legalización y todo método anticonceptivo”. Se ha considerado que esta posición es incompatible con el derecho a la vida desde la concepción. Vale la pena recordar el texto del artículo aludido:
Artículo 12
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.
Hay que hacer una lectura muy tendenciosa para leer “aborto” donde dice “planificación de la familia”.
Recientemente, los despachos aprobados y que finalmente habrían habilitado su tratamiento en la Cámara, sostuvieron por la mayoría (PJ) la aprobación con reservas sobre los artículos 8 y 9 y defensa del derecho a la vida desde el momento de la concepción, mientras que el dictamen de la primera minoría (mi partido UCR y la Senadora Conti) sostuvo la aprobación sin reservas.
La reserva hacia los arts. 8 y 9 son inadmisibles, implican de “escribir con la mano y borrar con el codo” ya que afectan precisamente a la aplicabilidad de los instrumentos de comunicación e investigación.
¿Por qué cree que no se ha llegado a su aprobación cuando se debatió?
Los proyectos de aprobación de la CEDAW tuvieron dos dictámenes a lo largo de estos últimos años, pero nunca fueron tratados en el Recinto.
Hubo despacho en el año 2002 que caducó al finalizar ese año parlamentario. En diciembre del 2004 solicité moción de preferencia para el tratamiento de mi proyecto de aprobación conjuntamente con otros en el mismo sentido, con o sin despacho – esto hace alusión a los procedimientos reglamentarios dentro del Recinto- , votada mi solicitud se aprobó que fuera tratado con despacho lo cual empujó literalmente a que los proyectos fueran tratados en comisión y finalmente hubiera un nuevo dictamen, que lamentablemente no tuvo diferencias respecto del anterior, ni en su contenido ni en la composición de las posiciones.
¿Por qué cree que la Iglesia Católica se opone a su aprobación? ¿Usted cree que viola la soberanía nacional como ellos afirman?
Aclaremos que la supuesta violación de la soberanía no es un argumento de la Iglesia Católica, si lo es de aquella parte de la ciudadanía que casualmente suma a su adhesión a la Iglesia una posición ideológica de derecha; y también -como siempre- están aquellos que sin tener muy claro de que tratan la Convención y su Protocolo entran en el juego al conservadorismo ideológico, como ha sucedido con sectores de militancia que se identifican como progresistas.
Este argumento – de la violación a la soberanía no solo es incorrecto sino también extemporáneo. Hoy los acuerdos internacionales han avanzado con instrumentos jurídicos que intentan estar más allá de los vaivenes políticos que circunstancialmente vivan los diversos países, esto es una garantía para las y los ciudadanos porque sabemos muy bien que las democracias adolecen todavía en la práctica de restricciones a los derechos humanos que no están escritas en ninguna parte pero que son eficaces.
La CEDAW —al igual que el resto de los tratados adoptados por el Estado argentino— impone la obligación de implementar políticas públicas destinadas a proporcionar niveles satisfactorios de efectividad a los derechos contenidos en ella, instituye también un Comité permanente con facultades de control, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados parte en el tratado, y más recientemente tenemos que las Naciones Unidas está proponiendo la creación de una
Hay un miedo conocido de la Iglesia a la aprobación del Protocolo Facultativo a la Cedaw porque creen que abrirá las puertas al aborto (que podría llegar a recomendarlo en algún caso): ¿Es esto cierto? ¿Si toma carácter de ley, el Estado tendrá que acatar lo que dicta un comité internacional?
Colocar el tema del Protocolo Facultativo de la Convención en el marco del debate sobre el aborto denota una grosera reducción y desconocimiento de la dimensión y profundidad de los Derechos Humanos de las mujeres.
Como quedó claro más arriba, ni la Convención, ni el Protocolo que es su instrumento de aplicación, aluden en ningún momento al aborto; afirmar lo contrario solo puede hacerse desde la ignorancia o desde la intención de usar el tema con otros fines.
Sin duda que hay que hacer el debate sobre el aborto, pero no es este el caso y un examen detenido de la Convención y de su protocolo muestra claramente que los argumentos esgrimidos tanto para el rechazo como para la aprobación con reservas carecen de fundamentos en la letra y el espíritu de estos instrumentos.
Por otro lado, no es impensable que una recomendación del Comité pudiera incluir de alguna forma el tema aborto, pero eso no obliga al Estado Argentino a acatar esa como ninguna otra recomendación, si está obligado en forma genérica a la salvar toda violación a los Derechos Humanos de las Mujeres con sus propios instrumentos jurídicos y en concordancia con sus propias normas.
Así queda establecido en el texto de la Convención que no solo no atenta sino que tutela la soberanía de los Estados a través de sus artículos 23 y 19 que respectivamente expresan que si un país tiene legislación o convención vigente que sea más conducente que la Convención para el logro de la igualdad, la convención no podrá afectarla (art. 23), así como que los estados parte pueden denunciar el protocolo en cualquier momento (Art. 19)
La CEDAW —al igual que el resto de los tratados adoptados por el Estado argentino— impone la obligación de implementar políticas públicas destinadas a proporcionar niveles satisfactorios de efectividad a los derechos contenidos en ella.
Por otra parte, es interesante que mientras que en nuestro país seguimos debatiendo esta cuestión, el resto del mundo sigue avanzando. En este momento se esta debatiendo en el seno de Naciones Unidas la posibilidad de nombra una Relatoría Especial sobre leyes que discriminan a la mujer obteniendo un sólido apoyo de varios estados miembros -entre ellos Argentina- como Canadá, Líbano, Mauricio, Namibia, Uruguay, Filipinas y Corea del Sur; en tanto que la propia Santa Sede y los Estados Unidos han ofrecido su apoyo condicionándolo solo a que el mandato de la relatoría especial "no duplique el trabajo de mecanismos existentes".
Es por esto que más arriba decía que este debate es ya extemporáneo, por no decir, caduco.
En última instancia los temores de la Iglesia –aunque injustificados en relación con estos instrumentos- son respetables en el marco de su propio sistema de valores, pero la adhesión a un sistema religioso pertenece a la esfera de la intimidad de las personas y no debería transformarse en un deber de las y los ciudadanos ni de la sociedad en su conjunto. Este es también sin duda un debate pendiente, el del Estado Laico.
¿Por qué se dice que éste protocolo viola la soberanía nacional cuando ya se han firmado otros protocolos sin cuestionar este punto y sin que se haya avasallado la misma soberanía?
Me remito a lo dicho más arriba: la raíz de esta afirmación debe buscarse en el rechazo sexista a reconocer los derechos de las mujeres, el resto son argumentos “de adorno”, fuegos de artificio para distraer la atención de la verdadera cuestión.
¿Encuentra apoyo en el actual Gobierno Nacional para la aprobación?
El Gobierno nacional ha manifestado su opinión en cuanto a la aprobación sin reservas de este instrumento internacional, deberá sin embargo resolver las propias contradicciones internas del partido gobernante. Esperamos que prime el interés común por encima de los sectoriales.
¿Cuál es la situación actual de este proyecto de ley?
Todos los dictámenes – y los proyectos correspondientes- que no han sido tratados en el recinto caducan al final del año parlamentario cuando hay renovación de las Cámaras, por lo tanto en este momento estamos a foja cero en cuanto a proyectos de aprobación al Protocolo Facultativo, en estos días entrará nuevamente un proyecto de mi autoría en ese sentido.
¿Por qué se aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer –que incluso tomó jerarquía constitucional en 1994 – y no el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer? ¿No hay una paradoja en eso?
¿Cuál es entonces el temor de los sectores reaccionarios? Si en la República Argentina los Derechos Humanos de las Mujeres son respetados, si se busca activamente la equidad y la no discriminación; no habría motivo para reservas de ninguna clase.
Las reservas no admiten análisis por lo insustancial del planteo, por su falta de base, tanto por el texto mismo del Protocolo como por nuestro propio sistema jurídico que se ha incorporado plenamente al contexto jurídico internacional (Corte Penal Internacional, Protocolo de la convención contra tortura y todo tipo de malos tratos, entre otros).
Hay una flagrante contradicción por detrás de la cual está la reacción de los grupos conservadores que no pudieron impedir que la Convención fuera incorporada a la Constitución y que ahora usan el Protocolo como última línea para limitar los avances de las mujeres.
Estos sectores conservadores se sienten amenazados en su estatus quo y para defenderlo esgrimen argumentos que son caros a nuestro pensamiento y emociones: la vida, la familia, la soberanía; generando no ingenuamente una gran confusión en torno a la Convención, su Protocolo Facultativo y las atribuciones del Comité. La opinión pública que no tiene acceso habitualmente a este tipo de información, ha sido empujada absurdamente a interpretar que están en debate la CEDAW, aborto y la soberanía.
Desde luego que el protocolo remite a la Convención, y ese es el nudo del problema. Se les pasó por alto en su momento, no tuvieron fuerza para impedir que quedara incluida en la Constitución, esto es inmodificable salvo que se modificara nuestra Constitución, llegarían a ese extremo?
Lo que de verdad están amenazados son los privilegios e intereses de quienes se benefician con la explotación del trabajo de las mujeres, que las ha mantenido en situación de pobreza y marginalidad.
Muchos de aquellos que se rasgan las vestiduras hablando de la defensa de la maternidad y de los niños deberían acatar la Convención que expresamente destaca en su articulado el alto valor social del rol de las mujeres en la maternidad y en el sostén de la familia y el derecho primario de los niños ( Arts, 4, 5, 12, 14, 16, entre otros), sin duda eso mejoraría la condición de las mujeres.
Por último, ¿Cuál es el estado del proyecto de aprobación de la Convención de Belén do Pará y cuáles son las perspectivas a corto plazo de aprobación en el Congreso?
Al igual que en el caso del Protocolo, todos los proyectos existentes sobre el tema caducaron con la renovación de las Cámaras. Debemos retomar este tema con la misma fuerza que con el protocolo Facultativo de la Convención.
¿Por qué cree que debería aprobarse sin reservas el Protocolo Facultativo a la Cedaw?
Razones de peso hay varias: en primer lugar la Convención Contra Toda Forma de Discriminación contra la Mujer es una Convención internacional que al igual que otras de Naciones Unidas avanza en la garantía de los Derechos Humanos. Acá cabe aclarar que cuando hablamos de Derechos Humanos hablamos de derechos para todos y todas, los Derechos Humanos de las Mujeres no están separados de los Derechos Humanos por lo tanto todo obstáculo, todo retroceso implica un retroceso en los lentos y muchas veces dificultosos logros alcanzado en esa materia en el último siglo. La ratificación de este Protocolo es la expresión concreta del compromiso internacional asumido por nuestro país para con los Derechos Humanos.
Aunque ya es sabido vale recordar que la Convención, sin ninguna salvedad, está incorporado a nuestra Constitución desde 1994, a través del artículo 75 inciso 22, conjuntamente con otros tratados, entre ellos mencionemos por ejemplo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención Internacional contra toda forma de Discriminación Racial; la Convención con la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o degradantes, entre otros. Estos instrumentos, como bien lo establece nuestra Constitución “tienen jerarquía superior a las leyes”
El Protocolo Facultativo es solo un instrumento procedimental con mecanismos de comunicación e investigación, no introduce modificaciones a lo ya acordado.
Algunos legisladores proponen aprobarlo con reservas, ¿Cuál es la importancia que usted le encuentra a esta diferencia de con reservas y sin reservas?
Las reservas, independientemente de sus argumentos, no son más que expresión de la histórica reticencia al reconocimiento de las mujeres como sujetas plenas de derecho. La primera y fundamental diferencia es de Justicia y Equidad, el Protocolo Facultativo de la CEDAW debe recibir el mismo tratamiento que otros protocolos aprobados por nuestro país, lo contrario es una clara violación a los derechos de las mujeres que desenmascara el sexismo y autoritarismo que todavía se mantienen.
En segundo lugar, reservas ha habido varias y de distinta naturaleza, acorde con el tipo de argumentos esgrimidos:
Desde que el Ex Presidente Duhalde solicitó se retirara del senado la comunicación efectuada por el Ex Presidente De la Rúa solicitando la aprobación del Protocolo, los argumentos se centraron en dos ejes: a) una supuesta violación de la soberanía expresada en la reserva es sobre el párrafo 1 del art. 29, que establece que toda controversia que surja entre dos o más Estados parte con respecto a la interpretación de la CEDAW que no se solucionen mediante negociaciones se someterá al arbitraje a petición de uno de ellos pudiéndose luego someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia.
b) considerar que el Comité “abre la puerta” al aborto a partir de que la CEDAW en el art. 12 establece recomendaciones acerca de la salud de las mujeres y los servicios especiales en relación al embarazo, parto y puerperio, y se refiere al “aborto seguro”, “recomendando su legalización y todo método anticonceptivo”. Se ha considerado que esta posición es incompatible con el derecho a la vida desde la concepción. Vale la pena recordar el texto del artículo aludido:
Artículo 12
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.
Hay que hacer una lectura muy tendenciosa para leer “aborto” donde dice “planificación de la familia”.
Recientemente, los despachos aprobados y que finalmente habrían habilitado su tratamiento en la Cámara, sostuvieron por la mayoría (PJ) la aprobación con reservas sobre los artículos 8 y 9 y defensa del derecho a la vida desde el momento de la concepción, mientras que el dictamen de la primera minoría (mi partido UCR y la Senadora Conti) sostuvo la aprobación sin reservas.
La reserva hacia los arts. 8 y 9 son inadmisibles, implican de “escribir con la mano y borrar con el codo” ya que afectan precisamente a la aplicabilidad de los instrumentos de comunicación e investigación.
¿Por qué cree que no se ha llegado a su aprobación cuando se debatió?
Los proyectos de aprobación de la CEDAW tuvieron dos dictámenes a lo largo de estos últimos años, pero nunca fueron tratados en el Recinto.
Hubo despacho en el año 2002 que caducó al finalizar ese año parlamentario. En diciembre del 2004 solicité moción de preferencia para el tratamiento de mi proyecto de aprobación conjuntamente con otros en el mismo sentido, con o sin despacho – esto hace alusión a los procedimientos reglamentarios dentro del Recinto- , votada mi solicitud se aprobó que fuera tratado con despacho lo cual empujó literalmente a que los proyectos fueran tratados en comisión y finalmente hubiera un nuevo dictamen, que lamentablemente no tuvo diferencias respecto del anterior, ni en su contenido ni en la composición de las posiciones.
¿Por qué cree que la Iglesia Católica se opone a su aprobación? ¿Usted cree que viola la soberanía nacional como ellos afirman?
Aclaremos que la supuesta violación de la soberanía no es un argumento de la Iglesia Católica, si lo es de aquella parte de la ciudadanía que casualmente suma a su adhesión a la Iglesia una posición ideológica de derecha; y también -como siempre- están aquellos que sin tener muy claro de que tratan la Convención y su Protocolo entran en el juego al conservadorismo ideológico, como ha sucedido con sectores de militancia que se identifican como progresistas.
Este argumento – de la violación a la soberanía no solo es incorrecto sino también extemporáneo. Hoy los acuerdos internacionales han avanzado con instrumentos jurídicos que intentan estar más allá de los vaivenes políticos que circunstancialmente vivan los diversos países, esto es una garantía para las y los ciudadanos porque sabemos muy bien que las democracias adolecen todavía en la práctica de restricciones a los derechos humanos que no están escritas en ninguna parte pero que son eficaces.
La CEDAW —al igual que el resto de los tratados adoptados por el Estado argentino— impone la obligación de implementar políticas públicas destinadas a proporcionar niveles satisfactorios de efectividad a los derechos contenidos en ella, instituye también un Comité permanente con facultades de control, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados parte en el tratado, y más recientemente tenemos que las Naciones Unidas está proponiendo la creación de una
Hay un miedo conocido de la Iglesia a la aprobación del Protocolo Facultativo a la Cedaw porque creen que abrirá las puertas al aborto (que podría llegar a recomendarlo en algún caso): ¿Es esto cierto? ¿Si toma carácter de ley, el Estado tendrá que acatar lo que dicta un comité internacional?
Colocar el tema del Protocolo Facultativo de la Convención en el marco del debate sobre el aborto denota una grosera reducción y desconocimiento de la dimensión y profundidad de los Derechos Humanos de las mujeres.
Como quedó claro más arriba, ni la Convención, ni el Protocolo que es su instrumento de aplicación, aluden en ningún momento al aborto; afirmar lo contrario solo puede hacerse desde la ignorancia o desde la intención de usar el tema con otros fines.
Sin duda que hay que hacer el debate sobre el aborto, pero no es este el caso y un examen detenido de la Convención y de su protocolo muestra claramente que los argumentos esgrimidos tanto para el rechazo como para la aprobación con reservas carecen de fundamentos en la letra y el espíritu de estos instrumentos.
Por otro lado, no es impensable que una recomendación del Comité pudiera incluir de alguna forma el tema aborto, pero eso no obliga al Estado Argentino a acatar esa como ninguna otra recomendación, si está obligado en forma genérica a la salvar toda violación a los Derechos Humanos de las Mujeres con sus propios instrumentos jurídicos y en concordancia con sus propias normas.
Así queda establecido en el texto de la Convención que no solo no atenta sino que tutela la soberanía de los Estados a través de sus artículos 23 y 19 que respectivamente expresan que si un país tiene legislación o convención vigente que sea más conducente que la Convención para el logro de la igualdad, la convención no podrá afectarla (art. 23), así como que los estados parte pueden denunciar el protocolo en cualquier momento (Art. 19)
La CEDAW —al igual que el resto de los tratados adoptados por el Estado argentino— impone la obligación de implementar políticas públicas destinadas a proporcionar niveles satisfactorios de efectividad a los derechos contenidos en ella.
Por otra parte, es interesante que mientras que en nuestro país seguimos debatiendo esta cuestión, el resto del mundo sigue avanzando. En este momento se esta debatiendo en el seno de Naciones Unidas la posibilidad de nombra una Relatoría Especial sobre leyes que discriminan a la mujer obteniendo un sólido apoyo de varios estados miembros -entre ellos Argentina- como Canadá, Líbano, Mauricio, Namibia, Uruguay, Filipinas y Corea del Sur; en tanto que la propia Santa Sede y los Estados Unidos han ofrecido su apoyo condicionándolo solo a que el mandato de la relatoría especial "no duplique el trabajo de mecanismos existentes".
Es por esto que más arriba decía que este debate es ya extemporáneo, por no decir, caduco.
En última instancia los temores de la Iglesia –aunque injustificados en relación con estos instrumentos- son respetables en el marco de su propio sistema de valores, pero la adhesión a un sistema religioso pertenece a la esfera de la intimidad de las personas y no debería transformarse en un deber de las y los ciudadanos ni de la sociedad en su conjunto. Este es también sin duda un debate pendiente, el del Estado Laico.
¿Por qué se dice que éste protocolo viola la soberanía nacional cuando ya se han firmado otros protocolos sin cuestionar este punto y sin que se haya avasallado la misma soberanía?
Me remito a lo dicho más arriba: la raíz de esta afirmación debe buscarse en el rechazo sexista a reconocer los derechos de las mujeres, el resto son argumentos “de adorno”, fuegos de artificio para distraer la atención de la verdadera cuestión.
¿Encuentra apoyo en el actual Gobierno Nacional para la aprobación?
El Gobierno nacional ha manifestado su opinión en cuanto a la aprobación sin reservas de este instrumento internacional, deberá sin embargo resolver las propias contradicciones internas del partido gobernante. Esperamos que prime el interés común por encima de los sectoriales.
¿Cuál es la situación actual de este proyecto de ley?
Todos los dictámenes – y los proyectos correspondientes- que no han sido tratados en el recinto caducan al final del año parlamentario cuando hay renovación de las Cámaras, por lo tanto en este momento estamos a foja cero en cuanto a proyectos de aprobación al Protocolo Facultativo, en estos días entrará nuevamente un proyecto de mi autoría en ese sentido.
¿Por qué se aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer –que incluso tomó jerarquía constitucional en 1994 – y no el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer? ¿No hay una paradoja en eso?
¿Cuál es entonces el temor de los sectores reaccionarios? Si en la República Argentina los Derechos Humanos de las Mujeres son respetados, si se busca activamente la equidad y la no discriminación; no habría motivo para reservas de ninguna clase.
Las reservas no admiten análisis por lo insustancial del planteo, por su falta de base, tanto por el texto mismo del Protocolo como por nuestro propio sistema jurídico que se ha incorporado plenamente al contexto jurídico internacional (Corte Penal Internacional, Protocolo de la convención contra tortura y todo tipo de malos tratos, entre otros).
Hay una flagrante contradicción por detrás de la cual está la reacción de los grupos conservadores que no pudieron impedir que la Convención fuera incorporada a la Constitución y que ahora usan el Protocolo como última línea para limitar los avances de las mujeres.
Estos sectores conservadores se sienten amenazados en su estatus quo y para defenderlo esgrimen argumentos que son caros a nuestro pensamiento y emociones: la vida, la familia, la soberanía; generando no ingenuamente una gran confusión en torno a la Convención, su Protocolo Facultativo y las atribuciones del Comité. La opinión pública que no tiene acceso habitualmente a este tipo de información, ha sido empujada absurdamente a interpretar que están en debate la CEDAW, aborto y la soberanía.
Desde luego que el protocolo remite a la Convención, y ese es el nudo del problema. Se les pasó por alto en su momento, no tuvieron fuerza para impedir que quedara incluida en la Constitución, esto es inmodificable salvo que se modificara nuestra Constitución, llegarían a ese extremo?
Lo que de verdad están amenazados son los privilegios e intereses de quienes se benefician con la explotación del trabajo de las mujeres, que las ha mantenido en situación de pobreza y marginalidad.
Muchos de aquellos que se rasgan las vestiduras hablando de la defensa de la maternidad y de los niños deberían acatar la Convención que expresamente destaca en su articulado el alto valor social del rol de las mujeres en la maternidad y en el sostén de la familia y el derecho primario de los niños ( Arts, 4, 5, 12, 14, 16, entre otros), sin duda eso mejoraría la condición de las mujeres.
Por último, ¿Cuál es el estado del proyecto de aprobación de la Convención de Belén do Pará y cuáles son las perspectivas a corto plazo de aprobación en el Congreso?
Al igual que en el caso del Protocolo, todos los proyectos existentes sobre el tema caducaron con la renovación de las Cámaras. Debemos retomar este tema con la misma fuerza que con el protocolo Facultativo de la Convención.
jueves, febrero 23, 2006
Amamantar
La senadora rionegrina Amanda Isidori presentó un proyecto de ley que apunta a promover, proteger y apoyar la lactancia materna y la alimentación adecuada de los lactantes y niños pequeños, de hasta 2 años.
La iniciativa intenta concentrar todos los esfuerzos que se hacen desde diversos espacios públicos y privados, fortaleciendo los compromisos y consensos adoptados por nuestro país en cuanto a la alimentación de los lactantes y los niños pequeños, procurando que forme parte activa e integrada de las políticas públicas de salud y desarrollo social y humano.
En tal sentido propone, en concordancia con la Estrategia Global establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef, la conformación de un espacio multisectorial para la definición de una estrategia de promoción, protección y apoyo a este tipo de alimentación.
La futura ley contempla además, que los programas sociales de apoyo alimentario tengan en cuenta las necesidades específicas de las mujeres embarazadas, las madres en período de amamantamiento y de los niños de las edades antes especificadas.
Tambien prevé la aplicación de sanciones a quienes incumplan el Código Internacional de Sucedáneos de Leche Materna, aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud y adoptado por nuestro país en el año 1997.
La lactancia natural es la única forma de proveer la alimentación ideal para el crecimiento y desarrollo saludable de niños y niñas, y es una práctica que disminuye sustancialmente la morbilidad y mortalidad infantil, al tiempo que influye positivamente en la salud de las madres.
jueves, febrero 16, 2006
Balance 2005
Financiamiento educativo
Con referencia a la cuestión educativa uno de los principales temas abordados durante 2005, dentro del Presupuesto Nacional 2006, fue el proyecto de ley de financiamiento educativo enviado por el Poder Ejecutivo. Iniciativa que ya fue aprobada en la Cámara Alta -con observaciones del Bloque Radical- y que tiene como propósito elevar el presupuesto educativo del 4 al 6 por ciento del PBI, en un plazo de cinco años.
Al respecto fueron numerosos los encuentros llevados a cabo donde se abordó el análisis pormenorizado del proyecto desde distintas ópticas y en consulta permanente con todos los actores intervinientes en la cuestión educativa.
Sobre el tema, Isidori remarcó que "es necesario constituir a la problemática de financiamiento del sistema educativo en una prioridad política de primer orden, tanto en el nivel nacional como en el provincial" y señaló que este tipo de encuentros "constituyen espacios de análisis y, sobre todo, compatibilización de acciones para avanzar en forma concreta y eficaz en este sentido".
En el marco de este debate propuesto por la comisión de Educación, en conjunto con la de Presupuesto y Hacienda y la de Coparticipación Federal de Impuestos, los ministros de economía y educación de las distintas provincias remarcaron su acuerdo en general hacia el proyecto de ley del Ejecutivo -en su meta de mejorar la educación- pero también plantearon observaciones y cuestionamientos respecto de varios puntos entre los que se destaca la posibilidad de reducción de la autonomía financiera de las provincias. En tal sentido, hicieron hincapié en la necesidad de una ley convenio y solicitaron especificaciones con relación a la afectación de los recursos para universidades y ciencia y tecnología.
Otro de los cuestionamientos contempló, ante variables como el alto endeudamiento público de algunos distritos, la eventual necesidad de compatibilización con recursos conexos vinculados a otras obligaciones de servicios básicos e indelegables (como seguridad y salud); y por otra parte, las sanciones contempladas en el proyecto de ley.
Isidori rescató la importancia de estas opiniones en el tratamiento del proyecto y agradeció la cooperación de los funcionarios provinciales, manifestando “haber podido recepcionar con claridad las preocupaciones, sugerencias y aspectos a tener en cuenta” y remarcando la necesidad de “trabajar muy fuerte y profundamente en la letra y alcance de este proyecto”, al tiempo que señaló su “predisposición para que esta ley salga con consenso social”.
Tras las precedentes deliberaciones, y atendiendo a las inquietudes de las provincias y al propio análisis del proyecto, la postura de varios senadores cuestionó también algunos aspectos, el principal de ellos vinculado al esfuerzo fiscal dispar que deberán afrontar las provincias respecto de la nación.
El proyecto original contempla que el mismo sea del 40% para el orden nacional y del 60% para las jurisdicciones provinciales, situación por la cual el radicalismo propuso que ambos porcentajes se equiparen, como una forma de reivindicar el esfuerzo financiero que hicieron las provincias desde la transferencia de los servicios educativos.
Según la senadora rionegrina, esto representaría “un alto signo de igualdad ya que esta condición no se da en el régimen de coparticipación, ni se avanza en una ley que supere las asimetrías, la injusticia y la inequidad”.
Esta postura de Isidori quedó remarcada de antemano cuando expresó en 2004 en una columna de opinión del diario La Nación que "el incremento del presupuesto de la educación, asumido como prioridad política, debe incorporar necesariamente la discusión sobre la coparticipación y garantizar en las provincias el financiamiento necesario para que funcione, se desarrolle y se consolide en el tiempo".
A pesar de la existencia de estos contrastes propios del ejercicio de una oposición crítica y productiva, la presidenta de la Comisión de Educación del Senado, acompañó al Ejecutivo en el esfuerzo por intentar superar este aspecto fundamental de la problemática educativa y participó activamente de reuniones y presentaciones en la Casa Rosada, el Ministerio de Educación, y de encuentros conjuntos e individuales con los gremios, ejerciendo siempre una enérgica defensa del rol de las provincias y reclamando se tomen efectivamente las previsiones necesarias para que las mismas puedan cumplir con los propósitos del gobierno nacional.
Con referencia a la cuestión educativa uno de los principales temas abordados durante 2005, dentro del Presupuesto Nacional 2006, fue el proyecto de ley de financiamiento educativo enviado por el Poder Ejecutivo. Iniciativa que ya fue aprobada en la Cámara Alta -con observaciones del Bloque Radical- y que tiene como propósito elevar el presupuesto educativo del 4 al 6 por ciento del PBI, en un plazo de cinco años.
Al respecto fueron numerosos los encuentros llevados a cabo donde se abordó el análisis pormenorizado del proyecto desde distintas ópticas y en consulta permanente con todos los actores intervinientes en la cuestión educativa.
Sobre el tema, Isidori remarcó que "es necesario constituir a la problemática de financiamiento del sistema educativo en una prioridad política de primer orden, tanto en el nivel nacional como en el provincial" y señaló que este tipo de encuentros "constituyen espacios de análisis y, sobre todo, compatibilización de acciones para avanzar en forma concreta y eficaz en este sentido".
En el marco de este debate propuesto por la comisión de Educación, en conjunto con la de Presupuesto y Hacienda y la de Coparticipación Federal de Impuestos, los ministros de economía y educación de las distintas provincias remarcaron su acuerdo en general hacia el proyecto de ley del Ejecutivo -en su meta de mejorar la educación- pero también plantearon observaciones y cuestionamientos respecto de varios puntos entre los que se destaca la posibilidad de reducción de la autonomía financiera de las provincias. En tal sentido, hicieron hincapié en la necesidad de una ley convenio y solicitaron especificaciones con relación a la afectación de los recursos para universidades y ciencia y tecnología.
Otro de los cuestionamientos contempló, ante variables como el alto endeudamiento público de algunos distritos, la eventual necesidad de compatibilización con recursos conexos vinculados a otras obligaciones de servicios básicos e indelegables (como seguridad y salud); y por otra parte, las sanciones contempladas en el proyecto de ley.
Isidori rescató la importancia de estas opiniones en el tratamiento del proyecto y agradeció la cooperación de los funcionarios provinciales, manifestando “haber podido recepcionar con claridad las preocupaciones, sugerencias y aspectos a tener en cuenta” y remarcando la necesidad de “trabajar muy fuerte y profundamente en la letra y alcance de este proyecto”, al tiempo que señaló su “predisposición para que esta ley salga con consenso social”.
Tras las precedentes deliberaciones, y atendiendo a las inquietudes de las provincias y al propio análisis del proyecto, la postura de varios senadores cuestionó también algunos aspectos, el principal de ellos vinculado al esfuerzo fiscal dispar que deberán afrontar las provincias respecto de la nación.
El proyecto original contempla que el mismo sea del 40% para el orden nacional y del 60% para las jurisdicciones provinciales, situación por la cual el radicalismo propuso que ambos porcentajes se equiparen, como una forma de reivindicar el esfuerzo financiero que hicieron las provincias desde la transferencia de los servicios educativos.
Según la senadora rionegrina, esto representaría “un alto signo de igualdad ya que esta condición no se da en el régimen de coparticipación, ni se avanza en una ley que supere las asimetrías, la injusticia y la inequidad”.
Esta postura de Isidori quedó remarcada de antemano cuando expresó en 2004 en una columna de opinión del diario La Nación que "el incremento del presupuesto de la educación, asumido como prioridad política, debe incorporar necesariamente la discusión sobre la coparticipación y garantizar en las provincias el financiamiento necesario para que funcione, se desarrolle y se consolide en el tiempo".
A pesar de la existencia de estos contrastes propios del ejercicio de una oposición crítica y productiva, la presidenta de la Comisión de Educación del Senado, acompañó al Ejecutivo en el esfuerzo por intentar superar este aspecto fundamental de la problemática educativa y participó activamente de reuniones y presentaciones en la Casa Rosada, el Ministerio de Educación, y de encuentros conjuntos e individuales con los gremios, ejerciendo siempre una enérgica defensa del rol de las provincias y reclamando se tomen efectivamente las previsiones necesarias para que las mismas puedan cumplir con los propósitos del gobierno nacional.
miércoles, diciembre 21, 2005
Registro Nacional de Instituciones Geriátricas
Un proyecto de Ley impulsado por la senadora rionegrina Amanda Isidori dispone la creación del Registro Único de Instituciones Geriátricas, estableciendo la competencia de los organismos de control y de sanción para la fiscalización de tales instituciones y otorgando un plazo razonable para la adecuación de las mismas.
Esta idea nace de la necesidad de asumir enérgicamente acciones que permitan abordar con eficacia la situación actual de nuestros adultos mayores (personas de 60 años o más), sin dejar de atender la necesidad de instalar en el espacio colectivo los cambios paulatinos necesarios para afrontar el futuro envejecimiento poblacional, con el propósito de lograr la máxima calidad de vida y aprovechamiento de esta etapa vital.
En sus aspectos sustantivos, el proyecto establece taxativamente las responsabilidades del Estado en la materia, invitando a las Provincias y los gobiernos locales a adherir respondiendo a criterios de descentralización y respeto por las autonomías federales.
Sostiene además, como premisa fundamental el alto valor social de los adultos mayores y el reconocimiento pleno de sus derechos; considera que ellos son intermediarios entre el pasado, el presente y el futuro constituyendo un verdadero vínculo vital para el desarrollo de la sociedad y la continuidad de nuestra cultura.
La iniciativa, parte de la necesidad de contar con una herramienta amplia, eficaz y ejecutiva frente al complejo panorama que hoy muestra el sector de Servicios de Residencia para la población de mayor edad.
Plantea qué hacer con una cuestión que todos conocemos pero que no se enfrenta, cuestión que abarca desde los centros de internación en algunos casos ilegales o legales con control escaso o ausente; superposición de competencias en los controles cuando éstos existen; la existencia de reglamentaciones sin penalización real de las infracciones; el maltrato o abuso en diversos ámbitos públicos y privados; hasta la insensibilización e ineficacia –por lo tanto maltrato- de las instituciones públicas.
En la Argentina aproximadamente más de un millón y medio de personas (13,7%) tienen más de 60 años. En total suman casi cinco millones de personas adultas mayores, sobre los cuales se estima que alrededor de 400.000 carecen de ingresos y cobertura social, la magnitud del hecho transforma en amenaza aquello que debería ser la más rica etapa de la vida y a la que todos y todas naturalmente llegaremos.
Isidori sostiene que "no hay equipo" en el Ministerio rionegrino
(Nota publicada en la edición del 21/12/05 del Diario Rio Negro)
La senadora radical Amanda Isidori -quien fue reelecta en la presidencia de la Comisión de Educación de la Cámara alta- se mostró crítica con la actual gestión educativa de Río Negro. Alegó que "no hay equipo" de conducción para enfrentar los cambios necesarios.
"Se impone una gestión que implique equipo y creo que no lo hay, porque para encarar reformas se lo necesita, es fundamental la llegada de un equipo", afirmó en esta ciudad, en oportunidad de un balance de lo actuado en el Senado en la presidencia de la Comisión de Educación.
Consideró "auspicioso" que Río Negro trabaje en proyectos como la incorporación de la doble jornada y, además, se pronunció en favor de "volver a un sistema de asignación por cargos" en el nivel Medio.
Luego, Isidori insistió en la necesidad de descentralizar las decisiones para optimizar los recursos y "lograr una mejor calidad del servicio educativo". Sin embargo, reparó en que "es necesario hablar de descentralización" porque si no el gremio docente (Unter) "va a pensar que queremos 'municipalizar' el sistema".
Respecto del proyecto de la Ley de Financiamiento Educativo, la senadora recordó el rechazo a votar el artículo 4º que establece que el 60% del alza de la coparticipación de las provincias debe dirigirse al sector educativo y el 40% lo hace la Nación. "Nosotros entendemos que el esfuerzo tendría que haber sido igualitario, por eso defendimos en la cámara la propuesta del 50%", apuntó. Su aplicación significará "un gran esfuerzo financiero" porque de esa proporción inequitativa -dentro del 60%- "las provincias tendrán que atender la recomposición salarial docente" provocando "un desequilibrio con el resto de los empleados públicos".
Isidori mencionó como segundo inconveniente para las provincias que "tendrá que asegurar partidas para cumplir con la ley que necesariamente irán en detrimento de otras áreas, como seguridad, acción social o salud".
Lamentó en ese sentido que el peronismo en el Congreso "hizo valer su mayoría para aprobar el proyecto", aunque rescató el debate en virtud de que se aceptó incluir una modificación "sustancial" porque "era una preocupación de los ministros de Hacienda del país las limitantes que fija la Ley de Responsabilidad Fiscal" por lo tanto ante un desequilibrio el hecho de tener que "endeudarse par dar cumplimiento a la Ley de Financiamiento Educativo, no será tomado dentro de la Ley de Responsabilidad Fiscal", dando la posibilidad de que la Nación y provincias "pacten un nivel de endeudamiento".
La senadora opinó que ante lo que se avecina, Río Negro "deberá trabajar muy finito con el presupuesto de las demás áreas con un sentido de equilibrio" advirtiendo que "no faltarán los conflictos gremiales de otros sectores".
La senadora radical Amanda Isidori -quien fue reelecta en la presidencia de la Comisión de Educación de la Cámara alta- se mostró crítica con la actual gestión educativa de Río Negro. Alegó que "no hay equipo" de conducción para enfrentar los cambios necesarios.
"Se impone una gestión que implique equipo y creo que no lo hay, porque para encarar reformas se lo necesita, es fundamental la llegada de un equipo", afirmó en esta ciudad, en oportunidad de un balance de lo actuado en el Senado en la presidencia de la Comisión de Educación.
Consideró "auspicioso" que Río Negro trabaje en proyectos como la incorporación de la doble jornada y, además, se pronunció en favor de "volver a un sistema de asignación por cargos" en el nivel Medio.
Luego, Isidori insistió en la necesidad de descentralizar las decisiones para optimizar los recursos y "lograr una mejor calidad del servicio educativo". Sin embargo, reparó en que "es necesario hablar de descentralización" porque si no el gremio docente (Unter) "va a pensar que queremos 'municipalizar' el sistema".
Respecto del proyecto de la Ley de Financiamiento Educativo, la senadora recordó el rechazo a votar el artículo 4º que establece que el 60% del alza de la coparticipación de las provincias debe dirigirse al sector educativo y el 40% lo hace la Nación. "Nosotros entendemos que el esfuerzo tendría que haber sido igualitario, por eso defendimos en la cámara la propuesta del 50%", apuntó. Su aplicación significará "un gran esfuerzo financiero" porque de esa proporción inequitativa -dentro del 60%- "las provincias tendrán que atender la recomposición salarial docente" provocando "un desequilibrio con el resto de los empleados públicos".
Isidori mencionó como segundo inconveniente para las provincias que "tendrá que asegurar partidas para cumplir con la ley que necesariamente irán en detrimento de otras áreas, como seguridad, acción social o salud".
Lamentó en ese sentido que el peronismo en el Congreso "hizo valer su mayoría para aprobar el proyecto", aunque rescató el debate en virtud de que se aceptó incluir una modificación "sustancial" porque "era una preocupación de los ministros de Hacienda del país las limitantes que fija la Ley de Responsabilidad Fiscal" por lo tanto ante un desequilibrio el hecho de tener que "endeudarse par dar cumplimiento a la Ley de Financiamiento Educativo, no será tomado dentro de la Ley de Responsabilidad Fiscal", dando la posibilidad de que la Nación y provincias "pacten un nivel de endeudamiento".
La senadora opinó que ante lo que se avecina, Río Negro "deberá trabajar muy finito con el presupuesto de las demás áreas con un sentido de equilibrio" advirtiendo que "no faltarán los conflictos gremiales de otros sectores".
martes, diciembre 20, 2005
Volver a la cultura del ahorro para favorecer la educación de nuestros jóvenes
La senadora Amanda Isidori impulsa un proyecto de ley que crea un sistema de ahorro estudiantil para futuros estudiantes terciarios y/o universitarios, a implementarse a través de entidades financieras y por medio de cajas de ahorros específicas.
De convertirse en ley, el sistema comprenderá a niños y niñas desde su nacimiento hasta los 18 años inclusive (momento en que podrán retirar los fondos ahorrados por la familia) y sus objetivos concretos serán: proteger los intereses de los estudiantes y su grupo familiar; fomentar la cultura del ahorro; y generar una rentabilidad a través del manejo racional de los recursos.
Como se señaló, la idea de este proyecto de ley, es crear cuentas bancarias de ahorro especiales, abiertas conjuntamente entre los padres e hijos, con el objeto de constituirse en un apoyo, no suficiente pero si necesario para financiar el ingreso de los jóvenes a su educación universitaria o terciaria.
Como mecanismo para que los fondos acumulados no sufran pérdida de valor adquisitivo por efecto de la inflación, la alternativa propuesta es la actualización de los saldos, una vez liquidadas las rentas, por el coeficiente de estabilización de referencia (CER).
Las expectativas de las entidades financieras, se atienden dado que la propuesta supone depósitos inamovibles a largo plazo, lo que les permitiría utilizar estos fondos para generar alternativas de créditos.
Esta propuesta supone beneficios sociales y económicos recíprocos para las familias, las entidades financieras y para el país.
jueves, diciembre 15, 2005
Sistema Universitario Nacional
LA PUNTA DEL ICEBERG
Por Amanda Isidori
Nuestro Sistema Universitario está conformado por 38 Universidades Nacionales, 41 Universidades Privadas, 6 Institutos Universitarios Estatales, 12 Institutos Universitarios Privados, una Universidad provincial, una Universidad Extranjera y una Universidad Internacional.
Este cuadro difiere en volumen y características al panorama de hace tres décadas, el sistema sufrió un explosivo crecimiento a la par que la concepción misma acerca de la enseñanza universitaria se modificó como resultado de profundos cambios sociales, económicos y tecnológicos que culminaron en el siglo pasado con una generalizada adhesión de la formación superior al neoliberalismo.
Este señalamiento es de capital importancia partiendo de la idea de que bajo toda acción subyace una concepción filosófica y que no hay una filosofía valorativamente neutra, por el contrario, siempre traduce un contexto en el que funciona determinado sistema de valores.
El sistema económico liberal presupone una concepción de la ciencia, de ser humano, de sociedad y de política, regida por las pautas económicas características de dicho sistema. La posición filosófica que subyace la concepción neoliberal impregna la historia contemporánea de la Educación Superior en Argentina por lo cual no debe extrañarnos que las normas jurídicas que hoy la rigen la expresen de un modo u otro.
Desde el nacimiento de la primer la primera universidad en la ciudad de Córdoba en el siglo XVII exclusivamente religiosa; el impulso de secularización que culmina con la sanción de la Ley Avellaneda (1885) profundizado con la Reforma de 1918 que se mantiene hasta el año 1943; pasando por los cambios durante el peronismo, los periodos de dictadura hasta llegar a fines del año 1983 al retorno a la democracia; la historia de la Universidad en Argentina marca el tránsito de una formación concebida para elites que en forma sucesiva integraron los grupos religioso primero y la dirigencia política después.
La universidad argentina nacida con la ley Avellaneda tuvo un perfil profesionalista emergente de la demanda de quienes poblaron sus aulas, particularmente hijos e hijas de inmigrantes.
La universidad fue un poderoso motor de ascenso social y en el imaginario de “M´ hijo el doctor” estaba presente esta noción de progreso mediatizada por la adquisición de conocimiento, y el conocimiento mismo era un valor, junto a la investigación y la creación cultural y humanística, dando unidad e identidad al sistema educativo superior.
En la década del 90 se propuso un nuevo armazón legal, administrativo e institucional acorde con las reformas económicas, políticas y culturales que transformaron a nuestro país en una marioneta trágica y una burda caricatura del modelo de desarrollo deshumanizado del neoliberalismo.
Hoy el sistema universitario argentino se caracteriza por una alta heterogeneidad y diversificación y enfrentamos un serio problema de legitimidad política y de legalidad. El “negocio” de la educación superior se apoya en la ilusión de ascenso social y acumulación de oportunidades y ventajas en el mercado de trabajo, el conocimiento es “empujado” hacia los postgrados demandando mayores y más profundas cualificaciones competitivas y simultáneamente vaciando de contenido los niveles inferiores de la formación, proceso que se repite en todo el sistema educativo.
Y si bien la década del 90 puso sobre el tapete la cuestión de financiamiento de la educación y esto podría hacernos pensar en una consideración de su valor estratégico, el achicamiento del estado, su retirada del rol de garantía de derechos esenciales de la población, el definanciamiento de los sistemas proveedores de estos recursos nos indican claramente que abrieron las puertas al ingreso no cuestionado ni restringido del financiamiento privado no necesariamente ligado a los intereses y necesidades del país.
No estamos desconociendo ni el valor de la iniciativa privada ni la importancia de las alianzas estado-sociedad en el avance del sistema, lo que está en discusión y los hechos así lo demuestran, es la legitimidad del espectro amplio de tales iniciativas así como un marco jurídico que resulta a todas luces insuficiente para evitar los verdaderos agujeros negros nacidos al impulso de la modernización –no negamos necesaria- del sistema.
Hay dos puntos críticos en este escenario: la modalidad de Educación a distancia y las articulaciones del la Educación Superior Argentina con universidades extranjeras que hoy abren sus sedes, ofrecen títulos validados en nuestro país o envían a sus alumnos a cursar a la Argentina.
Nuestro país conforma un mercado atractivo para tales ofertas educativas, en sentido positivo esto nos coloca en un lugar favorable en el marco de la mundialización educativa, en sentido negativo nos transforma en una factoría para los países centrales con mano de obra barata.
La modalidad de vinculación que más está creciendo es denominada de "doble titulación", el dictado conjunto con diplomas válidos tanto en la Argentina como en el país de origen de la otra universidad, modalidad que excede en mucho los marcos jurídicos actualmente disponibles y que no debemos olvidar que en última instancia es una forma más de una fructífera alianza de negocios. El mercado educativo argentino implica un volumen varias veces millonario que resulta atractivo para inversores de todo el mundo.
El marco jurídico regulatorio esta conformado por las leyes de 24.521 de Educación Superior y sus decretos reglamentarios y la ley 25.165 y sus decretos reglamentarios y modificatorias.
Dejando momentáneamente de lado la primera concentrémonos en la segunda y en particular en los decretos 276/99 y 81/98 relativos a la Educación a Distancia y a la regulación y vinculación con universidades extranjeras.
Creemos que una revisión crítica de estos instrumentos es indispensable en forma inmediata, así como el fortalecimiento de los instrumentos disponibles de contralor dentro del Poder Ejecutivo a los que debe exigírsele la definición de una política que salvaguarde los derechos de la ciudadanía a la vez que ofrezca alternativas efectivas que reconviertan ala Educación Superior en un real motor del desarrollo, en el marco de una visión humanística y ética que ponga en el centro los valores a los que no deseamos ni debemos renunciar.
Por Amanda Isidori
Nuestro Sistema Universitario está conformado por 38 Universidades Nacionales, 41 Universidades Privadas, 6 Institutos Universitarios Estatales, 12 Institutos Universitarios Privados, una Universidad provincial, una Universidad Extranjera y una Universidad Internacional.
Este cuadro difiere en volumen y características al panorama de hace tres décadas, el sistema sufrió un explosivo crecimiento a la par que la concepción misma acerca de la enseñanza universitaria se modificó como resultado de profundos cambios sociales, económicos y tecnológicos que culminaron en el siglo pasado con una generalizada adhesión de la formación superior al neoliberalismo.
Este señalamiento es de capital importancia partiendo de la idea de que bajo toda acción subyace una concepción filosófica y que no hay una filosofía valorativamente neutra, por el contrario, siempre traduce un contexto en el que funciona determinado sistema de valores.
El sistema económico liberal presupone una concepción de la ciencia, de ser humano, de sociedad y de política, regida por las pautas económicas características de dicho sistema. La posición filosófica que subyace la concepción neoliberal impregna la historia contemporánea de la Educación Superior en Argentina por lo cual no debe extrañarnos que las normas jurídicas que hoy la rigen la expresen de un modo u otro.
Desde el nacimiento de la primer la primera universidad en la ciudad de Córdoba en el siglo XVII exclusivamente religiosa; el impulso de secularización que culmina con la sanción de la Ley Avellaneda (1885) profundizado con la Reforma de 1918 que se mantiene hasta el año 1943; pasando por los cambios durante el peronismo, los periodos de dictadura hasta llegar a fines del año 1983 al retorno a la democracia; la historia de la Universidad en Argentina marca el tránsito de una formación concebida para elites que en forma sucesiva integraron los grupos religioso primero y la dirigencia política después.
La universidad argentina nacida con la ley Avellaneda tuvo un perfil profesionalista emergente de la demanda de quienes poblaron sus aulas, particularmente hijos e hijas de inmigrantes.
La universidad fue un poderoso motor de ascenso social y en el imaginario de “M´ hijo el doctor” estaba presente esta noción de progreso mediatizada por la adquisición de conocimiento, y el conocimiento mismo era un valor, junto a la investigación y la creación cultural y humanística, dando unidad e identidad al sistema educativo superior.
En la década del 90 se propuso un nuevo armazón legal, administrativo e institucional acorde con las reformas económicas, políticas y culturales que transformaron a nuestro país en una marioneta trágica y una burda caricatura del modelo de desarrollo deshumanizado del neoliberalismo.
Hoy el sistema universitario argentino se caracteriza por una alta heterogeneidad y diversificación y enfrentamos un serio problema de legitimidad política y de legalidad. El “negocio” de la educación superior se apoya en la ilusión de ascenso social y acumulación de oportunidades y ventajas en el mercado de trabajo, el conocimiento es “empujado” hacia los postgrados demandando mayores y más profundas cualificaciones competitivas y simultáneamente vaciando de contenido los niveles inferiores de la formación, proceso que se repite en todo el sistema educativo.
Y si bien la década del 90 puso sobre el tapete la cuestión de financiamiento de la educación y esto podría hacernos pensar en una consideración de su valor estratégico, el achicamiento del estado, su retirada del rol de garantía de derechos esenciales de la población, el definanciamiento de los sistemas proveedores de estos recursos nos indican claramente que abrieron las puertas al ingreso no cuestionado ni restringido del financiamiento privado no necesariamente ligado a los intereses y necesidades del país.
No estamos desconociendo ni el valor de la iniciativa privada ni la importancia de las alianzas estado-sociedad en el avance del sistema, lo que está en discusión y los hechos así lo demuestran, es la legitimidad del espectro amplio de tales iniciativas así como un marco jurídico que resulta a todas luces insuficiente para evitar los verdaderos agujeros negros nacidos al impulso de la modernización –no negamos necesaria- del sistema.
Hay dos puntos críticos en este escenario: la modalidad de Educación a distancia y las articulaciones del la Educación Superior Argentina con universidades extranjeras que hoy abren sus sedes, ofrecen títulos validados en nuestro país o envían a sus alumnos a cursar a la Argentina.
Nuestro país conforma un mercado atractivo para tales ofertas educativas, en sentido positivo esto nos coloca en un lugar favorable en el marco de la mundialización educativa, en sentido negativo nos transforma en una factoría para los países centrales con mano de obra barata.
La modalidad de vinculación que más está creciendo es denominada de "doble titulación", el dictado conjunto con diplomas válidos tanto en la Argentina como en el país de origen de la otra universidad, modalidad que excede en mucho los marcos jurídicos actualmente disponibles y que no debemos olvidar que en última instancia es una forma más de una fructífera alianza de negocios. El mercado educativo argentino implica un volumen varias veces millonario que resulta atractivo para inversores de todo el mundo.
El marco jurídico regulatorio esta conformado por las leyes de 24.521 de Educación Superior y sus decretos reglamentarios y la ley 25.165 y sus decretos reglamentarios y modificatorias.
Dejando momentáneamente de lado la primera concentrémonos en la segunda y en particular en los decretos 276/99 y 81/98 relativos a la Educación a Distancia y a la regulación y vinculación con universidades extranjeras.
Creemos que una revisión crítica de estos instrumentos es indispensable en forma inmediata, así como el fortalecimiento de los instrumentos disponibles de contralor dentro del Poder Ejecutivo a los que debe exigírsele la definición de una política que salvaguarde los derechos de la ciudadanía a la vez que ofrezca alternativas efectivas que reconviertan ala Educación Superior en un real motor del desarrollo, en el marco de una visión humanística y ética que ponga en el centro los valores a los que no deseamos ni debemos renunciar.
Premios Podestá 2005
La Asociación Argentina de Actores entregará hoy jueves, los Premios Podestá 2005, en Salón Azul del Senado de la Nación, en el marco de un reconocimiento conjunto con la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología que preside la senadora Amanda Isidori.
En esta oportunidad, premiará a un grupo de sus miembros por su trayectoria artística y entregará medallas a quienes cumplieron 50 años como socios de la entidad.
Se distinguirá entre otras reconocidas figuras a Rita Cortese, Cacho Espíndola, Daniel Fanego, Roberto Fiore, Guillermo Francella, Iris Láinez, Catalina Speroni, Juan Manuel Tenuta y Erika Wallner.
Asimismo, se otorgarán menciones a personalidades vinculadas a la Cultura como Jorge Coscia (Titular del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), José Martínez Suárez (Director de Cine) y Arturo Penón (Músico).
Los Premios Podestá son una distinción considerada de interés nacional que premia la trayectoria laboral de los actores y actrices argentinos, desde 1991.
En esta oportunidad, premiará a un grupo de sus miembros por su trayectoria artística y entregará medallas a quienes cumplieron 50 años como socios de la entidad.
Se distinguirá entre otras reconocidas figuras a Rita Cortese, Cacho Espíndola, Daniel Fanego, Roberto Fiore, Guillermo Francella, Iris Láinez, Catalina Speroni, Juan Manuel Tenuta y Erika Wallner.
Asimismo, se otorgarán menciones a personalidades vinculadas a la Cultura como Jorge Coscia (Titular del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), José Martínez Suárez (Director de Cine) y Arturo Penón (Músico).
Los Premios Podestá son una distinción considerada de interés nacional que premia la trayectoria laboral de los actores y actrices argentinos, desde 1991.
martes, diciembre 06, 2005
En favor del genuino derecho a la salud
Se impulsa una iniciativa de ley que garantiza el respeto a la dignidad, la autodeterminación, la información y la privacidad de los pacientes.
El proyecto, de la senadora rionegrina Amanda Isidori, tiene como objetivo fundamental reconocer los derechos de las personas que acuden como pacientes a establecimientos y centros de atención de la salud públicos y privados, para prevenir enfermedades o realizar cualquier tipo de tratamiento o consulta para mejorar su estado de salud.
Sobre el tema, Isidori señaló que su iniciativa “busca constituir un marco legal que otorgue al paciente las herramientas necesarias para conocer una serie de derechos que lo amparan en su relación con los profesionales de la salud y los establecimientos sanitarios, quienes deben promover y garantizar la salud de la población más allá de su condición social, económica o cualquier otra condición particular de los pacientes, dentro de las características del sistema de salud nacional”.
En su aplicación práctica, una vez sancionada, esta ley obligará a todos los establecimientos y centros asistenciales de salud a exhibir en forma visible los derechos de los pacientes enunciados, tales como: recibir atención médica adecuada a sus necesidades; ser tratados con respeto por su dignidad humana e integridad físico-psíquica; no ser discriminados; saber el nombre completo y la función de los profesionales responsables de coordinar su atención; conocer las normas y reglamentos de los establecimientos aplicables a su conducta como paciente; aceptar o rechazar la realización de cualquier práctica terapéutica; y designar a un familiar, persona de su conocimiento, al momento de cualquier intervención médica quirúrgica.
También enfatizará la obligatoriedad de recibir, en caso de urgencia, los primeros auxilios en el efector más cercano y la posibilidad del paciente de decidir su participación o no, en investigaciones médicas.
Entre otros derechos consagrará aquellos vinculados al acceso a la información como es la asignación de turnos, el conocimiento sobre el estado de salud y tratamientos posibles en términos claros y el acceso a copias de las historias clínicas.
Los derechos comprendidos en el proyecto de ley también hacen referencia a las instancias de internación, casos de intervención quirúrgica, y pacientes en estado irreversible.
Los principios de preservación y de una adecuada atención de la salud son reconocidos y aceptados en forma universal. Cuando una persona acude a un servicio médico para su atención y es atendido por un profesional de la salud, lo asisten como paciente ciertos derechos que le son propios, los que consideramos deben ser enunciados por la letra de la legislación y puestos en conocimiento de toda la comunidad. Esto, con el fin de posibilitar una relación más horizontal con el profesional que lo atiende, en tanto la relación médico – paciente puede ser entendida como asimétrica, en virtud del cúmulo de conocimientos del profesional, y la percepción social e histórica de las personas sobre la práctica médica, quien determinará los pasos a seguir para mejorar la salud del paciente y decidirá, a fin de cuentas, sobre su misma vida.
La senadora rionegrina concluyó su explicación sobre este proyecto, enfatizando que “la observación de los derechos del paciente contribuirá a una mejor atención de los mismos y a una mejor práctica del profesional médico, la organización de los centros de salud y del propio paciente. Un paciente informado de sus derechos y con una actitud positiva respecto de su salud y su relación con los profesionales del arte de curar constituye un factor de gran importancia para el mejoramiento de la salud de la población”.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
